La secretaria de Desarrollo Social del Valle del Cauca y el representante legal de CorpoValle enfrentan una investigación por corrupción en medio de la emergencia sanitaria.
A través del plan 'Transparencia por la emergencia' de la Fiscalía, dos funcionarios del Valle enfrentan líos legales. Estos se vieron implicados en presunta corrupción en contratos para atender la emergencia del coronavirus.
Se trata de la secretaria de Desarrollo Social del Valle, Nataly Toro Pardo, y el representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca, Corpovalle, Adrián Fernando Zamora.
Según el ente investigador, los funcionarios están involucrados en anomalías en el contrato interadministrativo N° 3313 del 30 de marzo de 2020. Este tenía como objetivo entregar a domicilio kits alimenticios a población vulnerable de la tercera edad en los 42 municipios del departamento.
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Por las anormalidades en el acuerdo, que tiene un valor de $2.330.517.483, Toro y Zamora enfrentan cargos por el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales.
Lo que arrojó 'Transparencia por la emergencia'
Según la Fiscalía, 'Transparencia por la emergencia' permitió abrir 177 indagaciones por hechos de corrupción en los 32 departamentos del país.
Lo anterior, desarrollado en 15 días de trabajo que pretende inspeccionar el manejo de la pandemia en Colombia por parte de los gobernantes.
Gracias a este, llamarán a audiencia de imputación de cargos a cuatro alcaldes, un exgobernador y a 17 personas más entre contratistas y funcionarios.
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Los mandatarios de Necoclí -Chocó- Jorge Augusto Tobón; Barbosa -Antioquia- Augusto Gallego; San José Miranda -Santander- Donaldo Ortiz, y El Charco -Nariño- Victor Candela, enfrentan múltiples delitos.
Entre estos se encuentran: interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.
Asimismo, un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón.
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Según la investigación, Calderón aparece como presunto responsable de varios delitos; entre estos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.
Por último, señaló a funcionarios de Medellín, Meta, Antioquia y Santander como partícipes de faltas. Los señalados serán imputados y, en algunos casos, solicitarán medidas de aseguramiento contra ellos. Entre estos también hay funcionarios del ejército.
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