Esta extradición, que es la número 17 que avala el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se da tres semanas después de que la Corte Suprema de Justicia avalara su envío a Estados Unidos.
En su decisión, la Corte avaló la extradición de Córdoba Ruiz por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y la negó por porte y uso de armas de fuego y concierto para delinquir, cargos que en ese país corresponden a concierto para importar narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y concierto para tener en sus manos tales armas, porque estos ocurrieron exclusivamente en territorio colombiano y no en el exterior.
La investigación, que terminó con la extradición de Córdoba, señala que él haría parte de una organización criminal que movió droga entre Colombia, México y Estados Unidos, junto con Alberto Alonso Jaramillo, alias ‘Alonso Héctor’, y Libia Amanda Palacio, entre otras personas.
Dentro de las pruebas de esta investigación se encuentra precisamente la declaración jurada del agente especial de la DEA, Mathew Passmore, que revela datos sobre el negocio y una relación con las disidencias de las Farc. Esta se encuentra dentro del documento en el que la Corte avaló la extradición de Córdoba.
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