La tierra recién removida en aquel antejardín del barrio Porvenir reveló un secreto que se resistía a salir a la luz. Se trataba de una historia que alguna vez dolió y que explicaba por qué en una casa de la Comuna 4 había restos humanos enterrados.
El pasado domingo, en horas de la tarde, trabajadores de las Empresas Municipales rompieron el suelo con el fin de arreglar una tubería dañada, sin embargo, desconocían que estaban irrumpiendo en la morada eterna de dos personas.
Luego de reposar durante años bajo este pasaje peatonal en la Carrera 6 con Calle 28, ahora eran succionados por una motobomba, picas y palas.
Los huesos son testigos mudos, pero fueron los operadores de Emcali los que se quedaron sin palabras.
Al ver el primer hueso salir a flote, tardaron microsegundos en llamar a la Policía, la Policía al CTI, el CTI a la Fiscalía y fue así como se dio inicio a la labor de exhumación e investigación.
Vecinos y transeúntes veían a los uniformados darle forma a lo que serían dos esqueletos, y no tardaron en sacar conclusiones aterradoras.
En esta dirección ya no queda una casa, ahora es Colpolímeros S.A.S, una empresa familiar de tres pisos, que trabaja con plásticos, teflón, poliuretano, entre otros materiales, y fue aquí donde el diario Q’hubo encontró a Rossy Muñoz Ángel.
Rossy es accionista y contadora de la empresa, pero también es miembro de la familia involucrada en este caso.
Al respecto, la mujer explicó: “Los huesos pertenecen a mis dos hermanos asesinados, y estaban ahí porque ese fue el deseo de mi padre en vida”.
Elizabeth Margarita Muñoz falleció el 1 de febrero de 1997, de acuerdo con el testimonio, a manos de paramilitares en el municipio de Obando, Valle del Cauca.
“A mi hermana la asesinaron en Obando. El mayordomo le dijo que a una de las vacas los paras le habían metido una peinilla por el recto. Cuando ella llegó, le quitaron la vida como si se tratase de una emboscada”, dijo Rossy.
El cuerpo lo encontraron 11 días después, entre la tierra y el agua, en estado de descomposición y con mordidas de perros que intentaban comerse el cadáver.
Don Duván, padre de familia y propietario de la finca en Obando, tuvo que recibir la fatídica noticia e ir por el cuerpo de su hija, todo esto, mientras seguía recibiendo amenazas.
Según Rossy, “a él lo llamaron, le dijeron que si continuaba mandando gente, se los iban a devolver en ataúdes”.
Néstor Muñoz Ángel, otro de los hijos de don Duván, creyó que todo se había calmado, pues ya habían pasado cuatro años desde aquella tragedia. Por esta razón, se fue para allá junto con su mujer, que estaba en embarazo.
A través de una llamada terrorífica el 3 de noviembre de 2001, este núcleo familiar se enteró que Néstor estaba muerto, y no solo él, sino también la esposa y el bebé.
“A mi hermano le metieron diez balazos. Él fue muy terco, no debió ir. Al principio pensamos que la mujer se había salvado, pero no, le metieron un tiro de gracia y la violaron”, recordó Rossy.
La declarante -que miraba el cielo por la ventana de Colpolímeros SAS- dijo que ya no sentía nostalgia, pues lo más doloroso ya había pasado.
Finalmente, don Duván tuvo que despedir a dos de sus hijos, pero cumplió su voluntad de tenerlos en casa hasta que falleció. Ahora, esos huesos deberán ir, como él, a un osario.
Elizabeth, como Néstor, llevan más de 20 años de muertos. Inicialmente fueron enterrados en cementerio, como cualquier persona, pero al momento de la exhumación, don Duván, el patriarca de la familia, quiso llevarlos consigo hasta sus últimos días.
Actualmente y si la investigación de la Fiscalía lo permite, estos huesos acompañarán los de su padre en el Cementerio Evangélico del Norte.
“A mí sí me dijeron que la norma había cambiado, que debía llevar a mi padre a un cementerio y lo hice enterrar en el evangélico, aunque él se había vuelto ateo”, dijo Rossy.
Y es que don Duván, como relató su hija, nunca pudo perdonarle a Dios lo que le había pasado a sus hijos…
La ley 1437 de 2011, establece que los entierros solo pueden realizarse en cementerios públicos o privados debidamente autorizados.
Sobre esto, la familia respondió que conocía plenamente este apartado y que solo se hizo así porque en la época de la Violencia no había tal restricción.
“Nosotros claro que entendemos el motivo de la investigación, con todo sentido van a verificar, pero estamos tranquilos porque ahí están los certificados de defunción y de exhumación, además de todo el respaldo testimonial”, recalcó la señora Rossy.
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