En las últimas horas, se conoció un robo en un colegio de la ciudad de Cali, al parecer un hombre bien vestido y con un maletín entró a la institución con el fin de dar una charla sobre tecnología y terminó llevándose varios celulares.
Un profesor del centro educativo le permitió la entrada sin percatarse de nada raro, según el hombre su intención era dictarle una charla a los estudiantes sobre nuevas tecnologías.
Luego de terminar la charla, que duró al rededor de 15 minutos, el hombre se ofreció voluntariamente para instalar aplicaciones, juegos y antivirus a varios celulares de los alumnos.
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Para convencer a los estudiantes, el hombre les dijo que normalmente esas instalaciones costaban alrededor de $20.000, pero en la empresa en la que él trabajaba había una “promoción” por lo que les podía prestar ese servicio de manera gratuita.
De igual forma, el hombre les indicó que al ser un trabajo que conlleva tiempo necesitaba llevarse los celulares de los alumnos para instalar las aplicaciones y se los devolvería al día siguiente.
Finalmente, los alumnos que le entregaron el celular al hombre indicaron que lo esperaron como él les había dicho, pero nunca apareció, se voló con 15 celulares.
La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por $3.406 millones de pesos, por las presuntas irregularidades en la construcción de tres colegios de Santiago de Cali.
El posible desfalco fiscal se presentó en la ejecución y seguimiento de proyectos en tres colegios financiados por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa.
Las instituciones relacionadas en esta investigación del ente de control son el colegio Evaristo García – Sede José Hilario López, Santa Fe – Sede Croydon y Evaristo García – Sede Fernando de Aragón, ubicadas en el Distrito Especial de Cali.
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En ese sentido, la Contraloría señaló que, una vez finalizados los plazos contractuales, las obras no prestan ningún servicio a la comunidad ni a los jóvenes estudiantes que debían ser beneficiados con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE, constituyéndose así en obras inconclusas.
A este proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculadas ocho personas, entre las cuales se encuentran los Administradores y voceros del Patrimonio Autónomo de Infraestructura Educativa, los integrantes del Consorcio Contratista de obra y del Consorcio Interventor y el supervisor de los contratos.
Finalizando el año anterior, la Alcaldía estaba a punto de demandar a Mineducación por colegios sin concluir en Cali.
De esas 24 instituciones, se entregaron 8, pero las 16 restantes no han sido arregladas y no se les ha colocado contratista a la mitad.
Los próximos días serán vitales para conocer si la Administración caleña finalmente interpondrá una demanda contra el Ministerio de Educación por el incumplimiento en la construcción de 16 sedes de instituciones la ciudad.
La Alcaldía de Cali y el Ministerio de Educación acordaron que un presupuesto del Fondo de Financiamiento para Infraestructura Educativa (FFIE) se invertiría en estas obras.
El Municipio pagaría el 30 % de los trabajos y el FFIE el 70 % restante. Dicho Fondo es una cuenta del Ministerio creada con el fin de viabilizar este tipo de proyectos. A la fecha, ya ha intervenido un total de 539 instituciones en todo el país.
A mediados de la década pasada se firmó dicho convenio para reparar 24 colegios de Cali, en los que la Administración local ha invertido $150.000 millones, según el alcalde Jorge Iván Ospina.
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Algunos colegios, incluso, no han culminado con sus trámites preconstructivos de diseños, licencias en curaduría y demás.
“El Ministerio de Educación ha sido realmente irresponsable con esto. Le propuso a la Alcaldía de Cali que hiciéramos un fondo mutuo en el que nosotros poníamos una parte y ellos colocaban otra para arreglar los colegios de la ciudad. Pues bien, eso se hizo en el 2015 y al 2023, que está a menos de una semana, son ocho años y los colegios están demolidos y a ninguno se les ha iniciado la reparación”, denunció el Mandatario.
De igual forma, manifestó que la Alcaldía ha tenido que pagar el traslado de los estudiantes a otras instituciones de la ciudad.
“Son más de $23.000 millones en arriendos y transportes en ocho años de colegios cerrados y aspiro a que comprendan el daño reputacional que tiene nuestra Administración cuando va a los barrios y la comunidad ve que su institución educativa de toda la vida está cerrada”, agregó el Alcalde.
Esta situación, según el Gobierno local, ha provocado el aumento en las cifras de deserción escolar, debido a que los padres de familia no están dispuestos a someter a sus hijos a estos traslados diarios.
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