Investigan posible corrupción con la chatarrización de vehículos en Cali

La tensión y la desconfianza que desde el mes de junio pasado invade a varios de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali es cada vez más evidente. Ya no hay como ocultar que están rotas varias de las relaciones de amistad y alianza forjadas desde el inicio del gobierno de Jorge Iván Ospina.

Por Redacción El País

Los rumores de que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han venido indagando durante este año sobre las prórrogas al contrato para la chatarrización o desintegración de los vehículos abandonados en los patios de Tránsito, han alterado los nervios.

Pese a que el documento original se firmó en la administración anterior, el gobierno Ospina ha realizado tres prórrogas al contrato con la empresa Colombiaseo S.A y en cada una de ellas se cometió el mismo error: alguien olvidó actualizar el valor de la chatarra con los precios del mercado.

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Mientras todo sube de precio y en promedio se paga en el país entre $700 y $1100 por kilogramo de chatarra recibido, a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Santiago de Cali le siguen pagando a $85 el kilogramo, como ocurría en el 2017 cuando por primera vez se firmó el acuerdo.

Es decir, en los 960.600 kilos de chatarra que reportan haber salido de los patios de tránsito en el periodo que lleva Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali, se podría haber registrado un detrimento patrimonial cercano a los $1.000 millones.

Peor aún, de acuerdo con la información recopilada por El País, es la misma empresa que recoge y desintegra los carros y motocicletas a las que se les expide una declaración administrativa de abandono, la que establece el peso y el valor que le consigna al Municipio. Una especie de contrato de máxima confianza.

Tomando como ejemplo las transacciones realizadas por este concepto en el 2020, Colombiaseo S.A hizo cuatro consignaciones al Centro de Diagnóstico por un valor de $123 millones, de los cuales se destinaron cerca de $57 millones para el pago de patios y grúas. Al CDAV le quedaron $66 millones y lo que se transfiere al Municipio es un valor irrisorio que no da ni para el pago de funcionarios.

“La ley establece claramente que primero, se le paga al operador, al que maneje los patios; y si sobra dinero, que nunca sobra porque el costo es más alto, puede pasar al municipio. Pero en principio se tiene que pagar primero el costo de patio que tuvo ese vehículo que fue dado de baja por decisión administrativa”, explica el doctor Hernando Morales, abogado externo del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle del Cauca, CDAV.

Sin embargo, las versiones que han recibido los organismos de control detallan que las ganancias son más de las que se reportan y que el dinero no le está llegando al Municipio, pero sí está beneficiando intereses particulares.

Saltando del barco

Conociendo hacia dónde es que apuntan las búsquedas de los organismos de control, los directos relacionados con todo el proceso de chatarrización en la Secretaría de Movilidad y Tránsito andan buscando la manera de salvar su responsabilidad.

Entre ellos el mismo secretario, William Mauricio Vallejo; el subsecretario Edwing Alfredo Candelo; el contratista, Fabio Hernán Gaviria, y la asesora del despacho Stephany Consuegra, expareja de Diego Ospina, hermano del alcalde Jorge Iván Ospina.

Una de las fuentes principales que tienen los órganos de control en este proceso habló con El País y explicó cómo desde el CAM han pedido proteger a Stephany Consuegra, excuñada de Jorge Iván Ospina, y el malestar que esa solicitud ha generado entre algunos funcionarios.

Curiosamente, al ser cuestionado el secretario de Movilidad, William Mauricio Vallejo, aseguró que “la señorita Stephany Consuegra es asesora del despacho en distintos temas y no tiene relación directa con el proceso de desintegración”.

Al ser cuestionado sobre los documentos en poder de El País en los que figura ella proyectando varias de las decisiones al respecto, indicó que la pregunta anterior no fue esa.

“Ojo porque su pregunta fue muy clara; y es si ella era la responsable del proceso y no. Yo le estoy diciendo que ella asesora. La persona responsable del proceso es el Subsecretario de Servicios de Movilidad (Edwing Candelo)”.

Al intentar consultar con Stephany Consuegra a través de WathsApp sobre su verdadero papel en todo lo relacionado con el contrato de chatarrización o desintegración de vehículos, dejó el mensaje en visto, pero no entregó ninguna respuesta.

La fuente principal de los entes de control indicó a este diario que “Stephany Consuegra es la asesora del despacho y era la que manejaba todo el tema con Hernán Gaviria. Ella era la que le daba línea a él. En manos de la Fiscalía y la Procuraduría están todos los correos que se cruzaron y los documentos proyectados por ella”.

Tras esa respuesta, El País encontró que desde el mes de junio se presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por parte del subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, por fraude procesal contra el contratista Fabio Hernán Gaviria, la persona que ha coordinado todo lo relacionado con los actos administrativos de declaratoria de abandono.

El contrato de chatarrización de Cali es un contrato que genera dudas, expresó el concejal Fernando Tamayo. “Se hacen modificaciones y prórrogas sin hacer un análisis real del precio en el mercado de la chatarra”.

“No tiene sentido que se amplíe un contrato en el que le pagan al Distrito $85 pesos por kilo de chatarra, cuando en el mercado está oscilando a un costo que va más allá de los $1200 pesos. Todo parece indicar que lo que se configura aquí es un detrimento patrimonial y que desgraciadamente la plata que deja de deja de recibir Cali, está quedando en los bolsillos de algunos particulares”, indicó Tamayo

Ante la pregunta insistente al secretario de Movilidad sobre las razones por las cuales se han hecho varios cambios en los otrosí al contrato de chatarrización, pero nunca se hizo un estudio técnico para actualizar los valores por kilogramo, indicó que esos valores los fijó el gobierno anterior.

“Es un contrato del gobierno anterior y la determinación del precio por kilo está en los estudios previos que ellos hicieron; ya para entrar a modificar un factor como esos, básicamente es mejor terminar el contrato y establecer uno nuevo y por decidí terminar el contrato”, dijo Vallejo.

No obstante, lo que cuestionan desde el Concejo de Cali es que el Secretario de Movilidad realizara tres cambios y prórrogas a ese contrato y apenas ahora, cuando se conoce que se vienen adelantando investigaciones previas, decide frenar el contrato.

Pero Vallejo también decidió curarse en salud y le aseguró a El País que en el mes de mayo pasado presentó una denuncia contra persona indeterminada “por unas irregularidades y hechos que se encuentran sobre el proceso. Por eso decidimos presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se hagan las investigaciones correspondientes por el presunto delito de prevaricato”.

La respuesta el pasado 16 de junio a un derecho de petición que hizo el concejal Fernando Tamayo a la Secretaría de Movilidad ya daba a entender que en este proceso hay más cosas de las que parecen.

Dice el documento que la responsabilidad del contrato recae sobre el titular del despacho, pero que a través de la Resolución 8397 del 03 de septiembre del 2019, el secretario delegó en el Subsecretario de Servicios de Movilidad de Santiago de Cali la expedición del acto administrativo que declara el abandono de vehículos que se encuentran inmovilizados”.

Sin embargo, en la misma respuesta Edwing Candelo se refiere al tema y asegura que es “una resolución de la cual no tuve conocimiento oportuno, sino hasta hace poco tiempo, debido a que no se me realizó entrega formal del cargo y puesto como subsecretario, incluso desconociendo acerca de la misma, si continuaba vigente o había sido derogada”, responde Candelo.

Igualmente, que no es posible hacer la supervisión a un contrato en el que el abogado Fabio Hernán Gaviria, quien hizo el Rol Técnico cuando se hizo la selección del contratista en el 2017, no entrega información al despacho.

Corrobora lo que dice la fuente principal en una eventual investigación y señala que: “Las revisiones, proyecciones de resoluciones y escritos, y demás acciones previas y posteriores a la expedición del acto administrativo de declaratoria de abandono, conforme a la Ley 1730 de 2014, han sido coordinadas por el abogado Fabio Hernán Gaviria, quien contó en su momento con el apoyo de Stephania Montealegre; quienes han estado en contacto permanente y directo con la abogada Stephany Consuegra”, a quien buscarían proteger desde la Alcaldía.

Agrega en el documento que es la misma expareja de Diego Ospina, quien “revisa la solicitud de información a proveedores (…) del nuevo proceso que publicó el despacho de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali en la plataforma del Secop II el 31 de mayo del presente año” para elegir al próximo operador de chatarrización, que sería el mismo Colombiaseo SA.

Tras insistir telefónicamente en busca del testimonio de las directivas de Colombiaseo SA. El País fue hasta su sede en Yumbo el pasado viernes y pidieron enviar las preguntas a un correo electrónico, pero al cierre de este informe no se había recibido las respuestas de la empresa.