La minería ilegal, un 'cáncer' que no termina

Esta problemática, que aqueja a la ciudad desde hace más de 12 años, ha incrementado su operación en la parte alta de los Farallones.

Hace 12 años, cuando Jorge Iván Ospina cursaba su primer mandato, en Cali la minería ilegal ya era un problema que empezaba a provocar malestar en la ciudad y al que en ese momento se le prestó atención. Ahora, más de una década -y varios alcaldes- después el ‘enano’ se creció. 

Q’hubo conversó con César Lemos, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, quien reveló el panorama actual frente al tema y las estrategias que usará la Administración Distrital para ponerle freno a este delito, dañino para el medio ambiente, la seguridad y la salud de los ciudadanos. 

¿Cuál es el panorama actual?

El subsecretario Lemos explicó que, hace 12 años se hizo una inversión importante para acabar con este fenómeno a través de implosiones. 

“Así quedaron las cosas en ese momento. Ahora, mucho tiempo después, el problema persiste y con dimensiones superiores. Poco se hizo en las otras administraciones para evitar que este espacio fuera objeto de realizar una explotación minera ilegal”, dijo Lemos. 

El espacio del que habla el funcionario, donde este delito crece exponencialmente, está ubicado en el Parque  Nacional Los Farallones, en la parte alta de los corregimientos Pichindé, Andes, en el sector de Peñas Blancas y a la altura de una zona llamada ‘El alto del Buey’. Denominadas como ‘Las Minas del Socorro’, éstas son una fuente de extracción sobre todo de oro, según el Subsecretario. 

En ese lugar se han podido detectar, según el funcionario, 4 minas dedicadas a la explotación ilegal.

“Estamos hablando de las minas ‘Patequeso’, ‘Óscar Martínez’, ‘Juan Getial’ y una nueva que se llama ‘La Laguna’”, precisó Lemos. 

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Los controles

De acuerdo con el funcionario, en estos lugares hay patrullajes constantes por parte del Ejército -Batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda Caicedo-. Así mismo hay vigilancia por parte de funcionarios de Parque Nacionales y, en la parte media y baja de la zona la Policía hace controles permanentes. 

No obstante, Lemos revela que la explotación -que antes era mucho más artesanal- ya se está realizando a niveles casi que industriales. “Esto ya implica uso de maquinaria pesada y muchos mineros involucrados. Hemos podido conocer que, el material extraído -que antes era llevado al Cauca- ya se está procesando directamente en la zona”. 

“Tenemos videos donde se ven las máquinas que muelen la piedra para extraer el mineral. Así mismo, se escuchan los generadores de energía, que seguramente los tienen funcionando con gasolina”, agregó. 

Las autoridades indican que, además de ser un grupo organizado, quienes practican la minería ilegal en este sector están operando en tres turnos de 8 horas. Para la Administración, esto sería un indicio de que el número de mineros se ha incrementado de manera importante.

Las medidas

Lemos cuenta que en su momento se suscribió un contrato para sellar las bocaminas que hay en esa zona -pues las autoridades ambientales sugirieron no hacer implosiones-. Sin embargo, el tema del invierno fue determinante para dar por terminado el mismo en septiembre del año pasado. 

Cabe destacar que, el camino a este lugar es completamente de ‘herradura’ y tanto el tránsito como el transporte de máquinas y materiales es casi que imposible. 

“Los mismos mineros, que ya estaban muy organizados, no permitieron el trabajo”, expresó el Subsecretario. 

“Este año tanto el Distrito como Parque Nacionales, aforaron recursos para el cierre de estos socavones a través de implosiones”, añadió.

Para poder adelantar este objetivo -que podría iniciar a más tardar en mayo- es vital tener el control del territorio. De ahí que la Alcaldía haya interpuesto la denuncia ante Fiscalía para iniciar el desmantelamiento de estas organizaciones ilegales. 

“Necesitamos garantizar la seguridad de los funcionarios y contratistas”, comentó Lemos. 

Según el Subsecretario, hasta el Ejército ha estado en problemas cuando realizan los patrullajes. Según lo que indica la denuncia, porque “los soldados no cuentan con las funciones legales y constitucionales para adelantar capturas y judicializaciones”.

 “Tenemos una mesa técnica con un plan de trabajo para iniciar el proceso de implosión”, añadió.

Además, como parte del proceso se instalarán unos puestos de control permanentes en la zona. Semanalmente se seguirán realizando operativos con Ejército y Policía. Lo que espera la Administración es la cooperación rápida de la Fiscalía.

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Negocio redondo

Este negocio ya tiene todo un sistema económico al servicio de la ilegalidad. Las autoridades explicaron que en el lugar hay grupos de personas - una especie de ‘guardia campesina’- que trabajan en la seguridad  de quienes operan en la extracción, el transporte de los insumos y maquinaria, además de asegurar la alimentación de los mineros. 

En consecuencia con lo narrado por las autoridades, el negocio es tan rentable en esa zona que -inclusive- ya hay migración de personas de otros sectores. Hay que recordar que este territorio es casi un páramo. 

“Allá no se puede cultivar, por las características del terreno y el tema ambiental, por lo que la única actividad económica es la minería ilegal. Una vez no esté esta  actividad, estas personas tendrán que salir de allí”, reveló Lemos.

Los efectos

Esta actividad genera que se incentive una economía ilegal en la ciudad, además de provocar daños ambientales irremediables y problemas de salud en más de 600 mil caleños, por la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y cianuro. 

Finalmente, se han incrementado los asentamientos en esta zona y la ocupación ilegal de terrenos hasta del mismo municipio. 

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