A menos de dos semanas para que se radique la polémica reforma a la salud ante el Congreso, sigue sin conocerse el texto oficial del proyecto, lo que ha generado gran incertidumbre entre los operadores del sector.
La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha ido, sin embargo, revelando algunos de los puntos principales de la iniciativa, que ya generan preocupación entre los operadores del sector y que ya incluso cuentan con oposición de miembros del gobierno, como el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y de la bancada de Gobierno, el presidente del Congreso, Roy Barreras.
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“¿Acabar con el sistema de salud y construir otro?. El actual sistema lleva 30 años de construcción y aún requiere mejorar. Y mientras se construye el nuevo, ¿Quién atenderá la salud de los 50 millones de colombianos? ¿Sin transición? Reforma sí, pero sin poner en riesgo la salud de todos”, expresó Barreras en su cuenta de Twitter.
"El verdadero cambio ocurre cuando hay acuerdos, cuando las sociedades se ponen de acuerdo. Las reformas necesiten diálogo, discusión, debate, escrutinio. Solo así se construye legitimidad y se evitan grandes errores", manifestó por su parte, hace algunos días, Alejandro Gaviria.
A las voces de ellos se unió la de la exsecretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, quien indicó que en la nueva reforma a la salud deben protegerse los recursos para evitar que se afecte la prestación de servicios.
"La reforma debe enfocarse en fortalecer la prevención de la enfermedad, mejorar los indicadores de prestación (disminución de filas, disposición de citas y medicamentos) y garantizar las condiciones laborales del talento humano en salud", señaló Miyerlandi.
En entrevista con La W Radio, la ministra de salud, Carolina Corcho, aseguró que la reforma va a "construir sobre lo construido” y dio su versión sobre algunos de los temas principales que contiene el articulado, aunque sin revelar cómo se va a traducir esto en el texto presentado.
Aunque la ministra asegura que las EPS no se van a acabar, sí fue contundente, en su entrevista con La W, en afirmar que no van a administrar recursos públicos, que hoy en día, es precisamente una de sus principales funciones.
Según Corcho, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que es un fondo público, va a pagar directamente a los centros primarios en salud, hospitales y clínicas.
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Esta propuesta ha sido blanco de duras críticas pues, para algunos expertos, sería una forma de regresar al antiguo sistema de salud, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, que fue reformado precisamente por su ineficiencia.
Según la ministra, el ADRES, hoy en día, ya maneja el 70% de los recursos del sistema de salud, pues administra los recursos para atender a cerca de 23 millones de colombianos que pertenecen al régimen subsidiado, y cubre, de manera directa, el 20% de los gastos del régimen contributivo.
“Lo que nosotros queremos es que esto se haga para todo, porque lo que ha pasado en Colombia es que el Fondo ADRES paga directamente, pero también ocurre que el fondo entrega el dinero a las administradoras y de ahí en adelante el estado perdió el control”, señaló Corcho a La W.
Para Diana Cárdenas, ex viceministra de salud y ex directora del ADRES, quedan muchas dudas sobre la función que cumpliría la entidad bajo este nuevo sistema, teniendo en cuenta que la capacidad de la planta y los sistemas de información que existen hoy en día son pocos para la carga que dicha entidad tendría en un futuro.
“Al desplazar las EPS la pregunta es ¿Quién se va a encargar de hacer la contratación de las clínicas, de las redes como dice la ministra?, tampoco me queda claro quién es el que se va a encargar de garantizar que el ciudadano reciba la atención o asociar al ciudadano con la red. Es decir, si yo tengo un médico general y tengo que ir a un especialista, quién se encarga de hacer esas remisiones, si es la misma red o si eso también va a ser en la función de ADRES. En ese caso tendría que tener unos especialistas encargados por qué hoy no los tiene”, agregó Cárdenas.
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Advirtió además que la proyección que se ha hecho, según ha trascendido extraoficialmente, para que los cambios en la entidad se hagan en un plazo de dos años, no es suficiente.
“En realidad el sistema de salud ha avanzado en sistemas de información, pero estos fallan no por que las EPS existan o no, sino porque hay serios problemas de cómo se generan los datos desde la clínica y cómo se transmiten, es decir nosotros estamos en un sistema de salud que está transitando del papel a la factura electrónica”, señaló Cárdenas.
La ministra Corcho también ha hablado en diferentes espacios de uno de los puntos centrales de la reforma, que es la construcción de 2.500 centros de atención primaria en salud, con los que el Gobierno aspira llegar en especial a zonas rurales y sectores marginados de ciudades capitales, en donde hoy en día la atención en salud es deficiente.
Los Centros de Atención Primaria (CAP) tendrían a su cargo programas para hacer promoción de la salud y visitarían a las comunidades para detectar de manera temprana la presencia de enfermedades o signos de riesgo, para hacer una salud preventiva y no esperar a que ya el paciente esté en un estado crítico para atenderlo.
Estos centros, que en cierta forma terminarían remplazando a las EPS, por lo menos en los sectores más vulnerables, podrían remitir a pacientes a centros de atención de mediana y alta complejidad.
Según la ministra Corcho, esto no afectaría a los pacientes de ciudades principales o de mayor nivel socioeconómico, pues ellos continuarían siendo atendidos por la infraestructura que administran las EPS, sino que beneficiaría a los habitantes de cerca de 900 municipios apartados en Colombia, que hoy en día solo cuentan con un hospital público.
Según la ministra Corcho, en la medida que se daría una mayor responsabilidad a los hospitales públicos en la atención de los colombianos, sería necesario tener un mayor control sobre ellos.
Por esa razón, según dijo en la entrevista con La W, la reforma prevé la elección, en un concurso de méritos nacional, de los gerentes de los hospitales públicos.
Eso implicaría, según ella, quitar a gobernaciones y alcaldías la posibilidad de seleccionar a dedo a los funcionarios y formalizar, desde el punto de vista laboral, la relación de hospitales con médicos y demás trabajadores, para evitar nóminas paralelas.
Así mismo, según la ministra, habría más oportunidades de veeduría por parte de los organismos de control y de las organizaciones sociales.
Por ahora, el texto de la reforma está en el despacho del presidente para su revisión. Se espera que en la primera o segunda semana de febrero, el articulado pase al legislativo donde surtirá los debates reglamentarios en Cámara y Senado.
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