Los integrantes de la 'primera línea' que participaron en los desmanes durante el paro nacional pidieron al presidente, Gustavo Petro, que se les considere en la llamada 'paz total', a igual que se haría con los grupos armados ilegales.
Asimismo, habría expresado su intención de ser tratado con una justicia transicional, de la misma forma que se haría con el ELN y las disidencias de las FARC.
Según el medio Semana, un censo oficial cuenta 214 judicializados en las jornadas de paro y protestas.
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El gobierno de Gustavo Petro arrancó con pie derecho en las Comisiones Primeras la aprobación de una las leyes que serán fundamentales para su administración, la prórroga de la ley de orden público con la cual se le da fundamento a la llamada paz total.
Esta ley tiene dos fundamentos básicos, por un lado la que le permitirá adelantar los diálogos con los grupos armados ilegales para lo cual se dispone de una serie de normas como las zonas de ubicación temporal y la creación del llamado servicio social para la paz, y por otro lado fija cuáles son las razones para adelantar conversaciones con otros grupo armados ilegales.
El coordinador ponente del proyecto en el Senado, Ariel Ávila, consideró que esta ley dará vía libre a “a la paz total que salvará vidas, y define las negociaciones con grupos armados y grupos armados organizados o estructuras de crimen, las cuales se diferencian bien en el proyecto”.
El ponente en la Cámara, Alirio Uribe, sostuvo que la paz total son dos instrumentos que tendrá el gobierno para alcanzar la paz, por un lado prórroga de la ley 418 y la ley estatutaria de sometimiento a la justicia de las estructuras armadas organizadas de alto impacto con naturaleza no política, que vendrá en otra ley.
Frente a esos grupos se incluyen a los de narcotráfico, minería ilegal y otro tipo, con los que el gobierno hará acercamiento para desmontar esos aparatos criminales.
Destacó que el proyecto crea el servicio social para la paz, con el cual no se acaba el servicio militar obligatorio, y precisó que se dispondrá para temas como alfabetización, trabajo con víctimas, refrendación y cumplimiento de los acuerdos de paz y para proteger la naturaleza y la biodiversidad.
“El ELN no puede tener ese trato, así lo dijo la Corte Constitucional en el caso del paramilitarismo, cuando dijeron que no era delincuente político, no, es insurgente”,
dijo la senadora de la oposición, Paloma Valencia, quien sostuvo que la ley debe dejar en el mismo orden de negociación a los grupos de crimen organizado de alto impacto y las organizaciones armadas políticas.
El senador Humberto de la Calle, llamó la atención sobre la idea del servicio social, esto porque hay dudas sobre la constitucionalidad del mismo. También sostuvo que la ley es el camino indicado, pero cree que el gobierno debe tener cuidado en la forma como vaya a ir desarrollando la misma.
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Por su parte el senador de Cambio Radical, David Luna, pidió al gobierno aclarar si en esta ley no se pretende incluso incluir lo referente al sometimiento, que debe de ir en una norma diferente.
El proyecto se empezó a votar y logró la aprobación de parte del articulado, incluyendo el relacionado con el servicio social para la paz, en donde el ministro del Interior, Alfonso Prada aseguró que la implementación del mismo se hará de forma gradual, además que desmintió que se vayan a crear 200 mil cargos.
“No es un desmantelamiento abrupto de las fuerzas armadas, estamos caminando hacia un país diferente, es un servicio social y no es eliminando el servicio militar sino dando la alternativa para que los jóvenes definan cual quieren”.
El próximo lunes sigue la votación del resto del articulado.
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