Discrepancias entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional por protestas

El protocolo para garantizar las protestas ordenado por un tribunal mantiene choques entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional.

Durante los últimos días han continuado los choques entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional, esta vez por el protocolo para garantizar las protestas, que les ordenó hacer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Pese a que ambas partes pidieron un plazo de 60 días al tribunal para poder presentar este documento, la falta de acuerdo quedó en evidencia frente a temas tan cruciales como la regulación o no de elementos que permitan a los manifestantes cubrirse la cara.

Pero más allá de pedir el plazo, las diferencias entre ambos gobiernos son abismales

Por un lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, considera que es inconstitucional  la propuesta inicial que hizo la Presidencia de la República, debido a que limita el derecho que tienen los ciudadanos a protestar.

Mientras que la administración nacional asegura que también se debe garantizar la protección de quienes no marchan y acciones en contra de quienes infiltran las marchas.

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De acuerdo a la alcaldesa, el documento daría por hecho que quienes salen a protestar son vándalos, debido que les pide una póliza para garantizar los daños que se puedan causar en medio de la jornada.

López, también le solicitó al presidente Iván Duque que reconozca la gravedad de los hechos ocurridos en noviembre de 2019 y septiembre de 2020, ofrezca garantías de verdad y acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a las protestas", indica el informe de Colprensa.

Por el otro lado, el Gobierno nacional en cabeza del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Diego Molano, insiste en que el documento lo que busca es garantizar la protección de los bienes y las marchas pacíficas.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les pidió al Gobierno y la Alcaldía trabajar en un protocolo que le permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la protestas y presentar un informe sobre las jornadas de manifestaciones del 9 y 10 de septiembre, donde al menos 10 personas murieron.

FUENTE: COLPRENSA.