La sanción tiene una cuantía de $285.000.000, todo porque la Superintendencia verificó que a pesar de acceder a las quejas y peticiones de sus cliente, Claro no hacía nada para solucionar los inconvenientes.
La entidad aseguró que los clientes habrían obtenido respuestas de Claro a sus solicitudes. Sin embargo, el prestador del servicio optó por desconocer esa decisión inicial.
Cabe resaltar que la investigación fue adelantada por la Delegatura para la Protección del Consumidor, la cual pudo corroborar que en las denuncias presentadas, Claro incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas. Esto debido a que nunca se llegaban a materializar soluciones eficientes y eficaces.
Por ahora, el operador sancionado no se ha pronunciado al respecto.
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