La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas, CABA, señaló que las medidas de leyes secas adoptadas por la emergencia sanitaria del Covid–19, incrementan el riesgo de consumo ilegal de alcohol.
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Dicha situación puede generar graves afectaciones a la salud de los consumidores y un impacto negativo en las rentas departamentales.
La entidad advirtió además que este tipo de medidas conlleva efectos negativos por el aumento del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, el cual amenaza la salud de los consumidores generando intoxicación, ceguera, y otras afectaciones graves.
Como empresas proveedoras, productoras, importadoras y distribuidoras de bebidas alcohólicas, hemos asumido un papel resistente, resiliente y corresponsable ante la difícil situación que atraviesa el país, esforzándonos en primera instancia, por respaldar a los más de 120 mil empleos que generamos como industria", resaltó la institución.
Por esta razón, la Cámara ha realizado campañas para promover el consumo consciente de alcohol y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad adoptadas por el Ministerio de Salud.
Los grupos delincuenciales dedicados a la distribución y comercialización de productos ilícitos, en especial en palataformas electrónicas, han aumentado como resultado de la escasez de productos legales o déficit de suministro en espacios de comercio autorizados.
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Según cifras de Euromonitor, el mercado de bebidas alcohólicas ilegales en Colombia representó el 22,4 % del mercado total en Colombia entre 2017 y 2019, un promedio mayor con respecto al resto de América Latina.
Jeffrey Hardy, director general de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, Tracit, ha señalado que las leyes secas de Colombia promueven el desarrollo de un mercado ilícito paralelo, lo que ha generado enormes pérdidas de impuestos.
Otro tema de especial cuidado y atención es la salud de los consumidores, pese a los controles establecidos por el Gobierno nacional y Gobiernos territoriales que buscan evitar el consumo de bebidas alcohólicas" expresó Hardy.
Agregó que "se ha abierto la oportunidad a grupos ilegales a la producción y comercialización de productos, elaborados sin control de calidad, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los consumidores".
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