Libertad de Uribe será definida este sábado

Este sábado 10 de octubre se dará respuesta a la petición de libertad para el exsenador Álvaro Uribe Vélez, realizada por el fiscal Gabriel Jaimes.

La determinación de la libertad o no del expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó aplazada para este sábado 10 de octubre.

Así lo determinó la Juez 30 con función de control de garantías, luego de que el fiscal, Gabriel Jaimes, solicitara la libertad del exsenador Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos.

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Durante la audiencia realizada este jueves, se registró un choque entre el delegado de la Fiscalía y el exjefe del búnker Eduardo Montealegre, quien solicitó ser declarado como víctima en el proceso.

Montealegre empezó su intervención argumentando que solicitaba que se negara la libertad al exsenador, no obstante, en el marco de su relato se refirió a Jaimes y al abogado Jaime Granados, con palabras que culminaron en un rifirrafe y llamado de atención por parte de la juez.  

Las intervenciones del filósofo del derecho Gabriel Jaimes y del letrado Jaime Granados Peña están basadas, esas argumentaciones en falacias, sofismas, en distorsión del precedente y además incluye violaciones manifiestas de principios y valores constitucionales”, dijo el exjefe del búnker.

Ante tales señalamientos, Granados, quien defiende los intereses del exsenador Uribe, solicitó ante la juez de garantías respeto por parte de Montealegre, en el marco de la diligencia que se adelantó de manera virtual y que completó más de diez horas.

Montealegre le solicitó a la juez que “dijera qué es lo que debo suprimir de mis referencias y apreciaciones al letrado Granados y al filósofo del derecho Jaimes, para no incurrir en una conducta indebida. Le solicitó en que me diga en qué soy irrespetuoso”.

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Para la juez, quien en más de una ocasión llamó la atención de los juristas, aseguró que tales afirmaciones por parte de Montealegre pueden llegar a generar malentendidos.

En una expresión lingüística, ninguna de las palabras y expresiones que usted ha utilizado puedan entenderse de alguna manera directa como peyorativas o irrespetuosas, pero sí naturalmente, en el contexto en que lo está haciendo, aludiendo a que se está refiriendo a la posición del letrado Jaime Granados y del filosofo del derecho Gabriel Jaimes, creo que pueden dar lugar a malentendidos”, dijo la juez 30.

Jaimes, por su parte, expuso que en medio de una diligencia se pueden atacar los argumentos más no a las personas que hacen parte de la misma.

“Hemos escuchado muy pacientemente los argumentos, por supuesto, expresiones desmedidas y llenas de ironía que no tienen cabida en los escenarios judiciales. La justicia, esta que es la justicia real, merece respeto, no solo el suscrito, la audiencia, el país que lo está viendo, la señora juez, esta administración de justicia merece el respeto y la identidad. Ataque todo lo que quiera los argumentos, así se ejercita el derecho en las audiencias”.

12 horas de audiencia

El rifirrafe se registró durante las casi 12 horas que completa la diligencia en la que el propósito de la defensa de Uribe, es que se recobre la libertad del mismo.

No obstante, cabe recordar que el exsenador, quien es procesado por los delitos de soborno y fraude procesal, fue recluido en su lugar de residencia, desde el pasado 3 de agosto, en la Hacienda El Ubérrimo en Córdoba, y fue reseñado como el preso número 1087985 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Uribe fue reseñado ocho días después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenará su detención.

La determinación se surtió mientras tuvo competencia para investigar al expresidente, dado que fungía como miembro del Congreso de la República, no obstante, como una jugada en su proceso, tras la renuncia a la curul, su proceso quedó en manos de la Fiscalía General.

Pese a ello, el exsenador, en agosto pasado, se convirtió en uno de los 72.473 presos que tiene registrados el Inpec en casa por cárcel, luego de que el alto tribunal en su indagación preliminar lo hallara como "determinador de conductas punibles". La Corte expresó que en su contra hay “prueba indiciaria que es abundante, clara, inequívoca y concluyente", en los actos presuntamente cometidos.  

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Colprensa.

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