Lo que tardarían las investigaciones contra Ospina y Emcali

Esto es lo que tardarían las investigaciones contra Jorge Iván Ospina y contra Emcali.

A nueve meses de culminar la Administración de Jorge Iván Ospina, desde varios sectores cívicos y políticos de Cali se preguntan "¿cuándo se darán a conocer los resultados finales de las investigaciones que realizan los entes de control a la Alcaldía de Cali y a Emcali?

Más aún cuando la Contraloría ordenó el embargo de cinco cuentas y siete bienes del alcalde Jorge Iván Ospina y congeló otras 21 cuentas bancarias de funcionarios implicados en una presunta red de corrupción en la Alcaldía y Emcali.

Según Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción, de la Contraloría General de la República, las indagaciones preliminares tienen un tiempo de seis meses para recolectar las pruebas.

A partir de la apertura del proceso se podría estar demorando entre un año o dos años para tomar la imputación. “Creo que en dos o tres años se estarán dando decisiones finales”, dijo Cárdenas.

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Según la funcionaria, ahora lo que viene es que los implicados y el alcalde Jorge Iván Ospina ejerzan su derecho de defensa en el debido proceso en las investigaciones que se le adelantan.

“El tema de una suspensión es una de las facultades que puede tener el Contralor de la República, él determinará. La Fiscalía podrá adelantar las investigaciones pertinentes”, dijo.

¿Y qué pasa si termina esta Alcaldía y no se culminan los procesos de investigación? Según Cárdenas, las personas implicadas tendrán antecedentes fiscales y deberán pagar por el detrimento que se establezca en el fallo de responsabilidad fiscal.

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Los contratos investigados por este ente de control ascienden a más de $700.000 millones.

Según la Contraloría, el embargo de las cuentas y bienes del alcalde Jorge Iván Ospina, como de los funcionarios de Emcali y la Alcaldía implicados en una presunta red de corrupción, se prolongaría hasta el final del proceso.

“Si es un fallo con responsabilidad fiscal, las medidas se seguirán adelantando en el proceso de cobro coactivo y se harán efectivas. En caso que se demuestre que la persona no es responsable simplemente se ordena el desembargo”, anotó.

Frente al embargo de las cuentas y bienes, el alcalde Jorge Iván Ospina señaló en un boletín de prensa que no existe un fallo, no existe una sanción, no existe alguna evidencia que se haya perdido algún tipo de recurso. 

“Pero la Contraloría en una decisión preventiva, que tiene derecho a adelantar, ha congelado las cuentas del alcalde y yo entiendo y asumo la decisión tomada”, sostuvo

Los frentes de investigación

De acuerdo con los informes de Semana y El País, las primeras indagaciones del ente fiscalizador están orientadas a un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un grave detrimento en las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Para el caso de las cámaras de seguridad, el revelador expediente indica que la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de $5.000 millones, de los cuales $1.500 millones nunca se ejecutaron.

Las pesquisas llevan a indagar una sospechosa intermediación en un convenio suscrito entre la Imprenta Departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.

Los detalles

Los datos del expediente -en poder de Semana y El País- revelan que el problema inició el pasado 9 de diciembre del 2020. Ese día el mandatario emitió un decreto con el cual delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Rojas.

Ese proceso contractual, que no llegó a término total, exponía la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.

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El objetivo era contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad. Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto.

Acto seguido, la Secretaría de Seguridad “realizó la invitación” a Impretics para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.

El objeto contractual, según las pruebas obtenidas por Semana y El País, era “aunar esfuerzos técnicos y administrativos (…) en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.

El decreto, que respalda esta cuestionada contratación, asegura expresamente que la imprenta tiene “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones.

Impretics, como indica el expediente, ofreció a la Alcaldía de Cali como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por $426 millones.

A esa millonaria cifra se le sumó el respaldo económico del alcalde Ospina, que estableció un presupuesto superior a los $5.300 millones.

Finalmente, Impretics no ejecutó propiamente la labor y terminó contratando con una unión temporal llamada Windetec.

En el contrato, suscrito entre estas dos empresas, se indica que el presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5.000 millones, a lo que se le suma un costo de $300 millones por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida.

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