La recaptura fue declarada ilegal por el Juez Penal Municipal del Juzgado Quinto de Garantías de Bogotá, debido a que se vulneraron los derechos de los presuntos implicados en la desaparición de la niña de 2 años.
Según el juez, a los presuntos implicados no se les permitió tener entrevistas con sus abogados y tampoco se les asignó defensores públicos, lo que sería una falta al debido proceso, según reportes de medios nacionales.
En cambio, el juez compulsó copias a los funcionarios que realizaron la recaptura. La Fiscalía General presentó un recurso de reposición.
El pasado 30 de julio, la Juez Segunda Penal del circuito Especializada de Bogotá dejó en libertad a Carolina Galván y Nilson Díaz tras decretar a favor de la defensa un recurso de nulidad, por los errores en los que incurrió la Fiscalía a la hora de hacer la imputación de cargos.
Esta decisión se tomó de manera virtual y tras varios meses de investigación, luego de que la Juez determinara que la Fiscalía incurrió en errores en la comunicación frente a la responsabilidad individual en contra de la pareja.
Es decir: “la Fiscalía no indicó las condiciones modales en las que ocurrieron los hechos, ni la forma en que los procesados intervinieron, limitándose a la lectura de varios medios de prueba afectando los derechos de los procesados en su labor defensiva”.
Con relación a Nilson Díaz, padrastro de Sara Sofía, “la Fiscalía no indicó qué participación tuvo, además de ser la pareja sentimental de la mujer y de cobrar un subsidio en el delito de desaparición forzada”.
Por esta razón, la juez argumentó que “no podría esperarse que con la formulación de acusación se solventen irregularidades evidentes en el acto de comunicación de cargos, por ende no logra dilucidar el despacho, como en la formulación de acusación, podrían subsanarse los hierros advertidos en la formulación de imputación”.
La juez agregó que si se permitiera la continuación del proceso, además de afectar las garantías de los implicados, se podría llegar a afectar los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación, porque este acto irregular de la Fiscalía puede conllevar a un juicio sin fundamento probatorio sobre la responsabilidad de la implicados, lo cual genera impunidad sin que se establezca la verdad de lo ocurrido.
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