Tras diez meses de haber iniciado su etapa preconstructiva y después de haber agotado dos plazos de ejecución, el Bulevar avanza al 26,6%, es decir, poco más de una cuarta parte del proyecto, emblema del gobierno de Jorge Iván Ospina.
“Tenemos seis frentes de trabajo simultáneos, es decir, que en cada uno de ellos hay personal, material y maquinaria. No nos toca esperar a que el de acá termine para empezar el de allá y, además, tenemos aproximadamente 150 trabajadores con los empleos indirectos”, explicó Marisol Ceballos, ingeniera de la Secretaría de Vivienda.
Aun así, se otorgó una segunda prórroga al proyecto, que irá hasta el próximo 31 de julio. Sin embargo, de continuar con el ritmo actual, que es de un 2,66% de avance de obra por mes, cuando el nuevo plazo de ejecución se cumpla, el proyecto tendría cerca del 36% de avance.
Desde que el proceso inició hubo retrasos. La etapa de preconstrucción se extendió 36 días, iniciando formalmente la obra el 18 de agosto, ¿la razón? De acuerdo con el Consorcio Pivicsa, interventor del proyecto, hubo demora por parte del contratista en la entrega de documentos preliminares.
A esto se le suman 25 días de atraso por la espera de un permiso de aprovechamiento forestal, otros 46 días por un ajuste en los diseños de drenaje, 65 días por un ajuste en los diseños de pavimentos, 13 días por un desacuerdo con un grupo de la comunidad aledaña, 37 días por trámites realizados por Emcali y otros 26 días por la ola invernal, para el total de 212 días de atraso.
Martha Hernández, secretaria de Vivienda de Cali, explicó que el proyecto contó con la planificación necesaria para una obra de su envergadura.
“Sin embargo, no es posible planificar la ocurrencia de una guerra, tampoco la actuación social de una comunidad que cambia de parecer frente a temas ya discutidos. Esos elementos sobrevinientes a diciembre de 2021, cuando terminamos la etapa de planeación, son vicisitudes del proyecto en este momento”, agregó.
Este proyecto es uno de los que están financiados con recursos del crédito público adquirido por esta Alcaldía, por $650.000 millones.
Además, solicitó la actualización de precios de cuatro ítems por su variación en el mercado y tener en cuenta situaciones como el incremento del salario mínimo para el 2023.
Todo esto lo aprobaron, a pesar de que el avance presupuestario del proyecto, es decir, lo que ya se ha desembolsado por la Secretaría de Vivienda, es apenas el 10,18% del valor total del contrato.
Al respecto hubo cuestionamientos. Fernando Tamayo, concejal de Cali, afirmó que no tiene presentación que una obra con tan poco avance ya cuente con una adición en su presupuesto.
“Las adiciones, más allá del tema legal, porque allí no hay ningún tipo de inconveniente, se presentan cuando la plata que inicial ya ha sido gastada, y eso nos lleva a un punto que creo que es de los lunares más grandes que tiene esta Alcaldía y es la falta de planeación en los proyectos”, recalcó el concejal.
La secretaria de Vivienda, Martha Hernández, explicó al respecto que este proyecto, al ser pagado con el empréstito, exige que el constructor sea quien financie el avance de la obra, no existe ningún anticipo y se paga por obra ejecutada.
“Sí, ya se desembolsó un 10%, pero el contratista tiene más recursos invertidos. Esto es un aspecto diferente al alcance del proyecto, la adición corresponde a una variación del alcance, por lo cual no es correcto relacionar ambos temas, una cosa es el alcance y otra son los pagos”, dijo Hernández.
Martha Hernández, secretaria de Vivienda
Un aspecto adicional es que una de las empresas que estuvo interesada en un comienzo en realizar la obra le solicitó a la Secretaría de Vivienda anexar dos cosas: el análisis de los precios unitarios del contrato, que no estaba incluido en la oferta, y establecer una fórmula de reajuste de precios por las variaciones constantes del mercado en los últimos años.
Ambas peticiones las rechazó el organismo de la Administración, aludiendo a que esto era innecesario debido a que los precios habían sido calculados por ellos mismos en conjunto con una consultoría externa y teniendo en cuenta todas las variables por inflación y demás factores.
También indicaron que no accedían a las solicitudes “con la finalidad de evitar que se generen futuros desequilibrios económicos relacionados con los costos y precios del proyecto”.
Por ello, la Secretaría de Vivienda buscó los recursos adicionales en los primeros meses del 2023, no solo para la adición presupuestal de la obra, sino también del contrato de interventoría, el cual tenía recursos para operar hasta el 31 de marzo y fueron agregados $438 millones, para un total de $2629 millones.
Esto, a pesar de que desde diciembre del 2022 se había aprobado prorrogar el proyecto hasta el 31 de julio, pero solo se amplió el plazo hasta el 31 de marzo para, justamente, darle tiempo a la Secretaría de Vivienda de que obtuviera los recursos adicionales.
A nivel general, Luis Fernando Montoya, ingeniero civil de la Universidad del Valle especializado en estructuras y geotecnia, manifestó que al ritmo actual va a ser muy difícil que la obra se termine este año, al tiempo que señaló que los grandes retrasos son situaciones que han sido normalizadas en las obras, a pesar de que no debería ser así.
“Aquí es importante ver que las razones para uno atrasarse en un proyecto dependen tanto del contratista como de las entidades contratantes. Casi siempre tendemos a achacarle al contratista el tema de los retrasos y muchas veces vienen de ambas partes”, contó.
Montoya agregó que una de las principales causas para que haya retrasos es que “se sacan a licitar sin los diseños en fase de ingeniería de detalle, o con ajustes por hacer, y eso también tiene que ver con los permisos y trámites que se deben tener con anterioridad, pero no se está haciendo así”.
El ingeniero manifestó que estas son situaciones que pueden ser evitadas con una mayor planificación, ya que estos trámites podrían ser realizados con anterioridad a la obra, esto teniendo en cuenta lo complejo que es en ocasiones crear sinergia entre los diferentes organismos involucrados en una obra. “Pero esto es algo que ya se ha vuelto normal y no debería ser así”, reiteró.
Más de 130.000 caleños, de las comunas 13, 14, 15 y 21, se beneficiarán con los espacios de esparcimiento de este proyecto.
El proyecto del Bulevar del Oriente lo está desarrollando el Consorcio Mejoramiento Hábitat.
Este se encuentra compuesto en un 50% por la empresa Medidas Eléctricas Ingeniería SAS y en otro 50% por el señor Fernando José Castro Spadaffora.
Este último, con varios contratos de construcción celebrados con la actual Alcaldía, entre ellos el tramo II del proyecto Integral Cristo Rey, el cual también presenta atrasos en su ejecución y avanza a poco más del 21%.
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