"Me molesta que me embargaran las cuentas": alcalde ante decisión de la Contraloría

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció de nuevo ante las decisiones tomadas por la Contraloría.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se ha envuelto en un escandalo por cuenta del embargo de 5 cuentas bancarias y 7 propiedades que realizó la Contraloría mientras lo investigan por un posible carrusel de contratación en la capital del Valle.

Lo anterior, debido a presuntas irregularidades en procesos de contratación reveladas en una investigación realizada por El País y Semana, pues en un proceso de compra de cámaras de videovigilancia, al parecer hubo $ 300 millones de una intermediación innecesaria y $ 1500 millones que nunca se ejecutaron.

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¿Cuál fue la respuesta del alcalde?

Al respecto, el Alcalde de Cali expresó que le molestaba que la entidad haya tomado esa decisión, pero que estaba tranquilo, pues no tiene nada que esconder.

“Por supuesto que me molesta, uno no quisiera tener las cuentas embargadas pero no me imagino en un problema grave por eso, soy un hombre que vive muy tranquilo, que no procedo en adquisiciones importantes a través de recursos públicos”, dijo Jorge Iván Ospina.

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Seguidamente el alcalde explicó que el dinero que se encuentra en las cuentas bancarias que fueron embargadas, corresponde a los “sueldos que he ganado con mucho esfuerzo durante 30 años siendo trabajador del servicio público, por tanto, no cambiaría yo a final de mi vida pública lo que he hecho como director de hospital, como secretario, como alcalde, como senador, donde efectivamente los procesos son sobre la mesa y responsablemente adelantados”.

Pese a que el ente fiscal informó que se le confiscó cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda, Av Villas, siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento, el Alcalde indicó que solo habían sido dos.

“Me embargaron dos cuentas, una que es donde se me pagan y otra cuenta que tengo con mi hermano Diego a partir de un emprendimiento que tenemos juntos de compra y venta de café, pero además, me embargaron dos predios. Yo tengo un predio que es un lote Miraflores donde he vivido toda mi vida y una finca donde desarrollo el proyecto de café”, puntualizó.

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Cabe recordar que según la investigación, el proceso de las cámaras fue delegado por el alcalde a la Secretaría de Seguridad y Justicia, que contrató a una empresa que a su vez subcontrató a otra, y es ahí en donde se presentaron irregularidades y sobrecostos.

Por su parte, Ospina comentó que espera que la Contraloría evalúe con lupa todo lo ejecutado por dicha Secretaría para esclarecer el caso.

“Si hubiésemos procedido irregularmente, no tendríamos una sanción preventiva, sino que hubiesen identificado la pérdida de dinero, la pérdida de recursos o contrataciones amañadas, ninguna de ellas señalada por el proceso que hoy adelanta la Contraloría”, enfatizó Ospina.

Los detalles de la investigación

Los datos del expediente -en poder de Semana y El País- revelan que el problema inició el pasado 9 de diciembre del 2020. Ese día el mandatario emitió un decreto con el cual delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Rojas.

Ese proceso contractual, que no llegó a término total, exponía la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.

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El objetivo era contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad. Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto.

Acto seguido, la Secretaría de Seguridad “realizó la invitación” a Impretics para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.

El decreto, que respalda esta cuestionada contratación, asegura expresamente que la imprenta tiene “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones.

Impretics, como indica el expediente, ofreció a la Alcaldía de Cali como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por $426 millones.

A esa millonaria cifra se le sumó el respaldo económico del alcalde Ospina, que estableció un presupuesto superior a los $5.300 millones.

Finalmente, Impretics no ejecutó propiamente la labor y terminó contratando con una unión temporal llamada Windetec.

En el contrato, suscrito entre estas dos empresas, se indica que el presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5.000 millones, a lo que se le suma un costo de $300 millones por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida.

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