Así lo dio a conocer este organismo dentro de la investigación que se adelanta sobre este fenómeno como parte del denominado caso 03, dedicado a investigar las 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado', como oficialmente se denomina a los falsos positivos.
Esta investigación también reveló que el 66% de las víctimas en el país se concentran en 10 departamentos.
Por eso, en la primera parte de la investigación se priorizaron seis territorios: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
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Una decisión que, según la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información, que incluyó cuatro diferentes bases de datos.
Este proceso también arrojó que durante 2002 y 2008, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, se registraron el 78% del total de la victimización histórica del país.
Añade que este fenómeno se redujo drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados al siguiente año.
Esta estrategia de priorización se realizará de abajo hacia arriba. Lo anterior, con el objetivo de que se identifiquen en primera medida los partícipes, determinantes y máximos responsables a nivel local, para luego determinar quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.
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Bajo esta lógica también dijo que en la segunda fase de la investigación se analizarán los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
La JEP informó que la presente investigación no tiene un orden de prioridad adicional. Según dijo, cada una avanzará de acuerdo a la disponibilidad de información y recursos.
En el caso del departamento de Antioquia, refiere que allí se registraron el 25% de los casos totales de falsos positivos en el país durante este periodo de tiempo. El año 2004 fue el que tuvo más reportes.
Para este organismo, la IV Brigada podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en esa zona entre los años 2000 y 2013.
Además referenció uno de los casos emblemáticos en esa materia en ese departamento que corresponde al cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango.
A la mayoría de ellos no los había investigado la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
Por su parte en la Costa Caribe se informó que el 7,3% de las víctimas se encuentran en el departamento del Cesar, seguido de la Guajira con un 4%.
Para este caso, la sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira. Estos corresponden a muertes presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.
Norte de Santander será otro de los departamentos priorizados. Lo anterior, debido a que la JEP tiene conocimiento de que allí se registraron 420 víctimas entre 1985 a 2016. El 82% de ellas se concentran entre 1999 y 2008 principalmente en el Catatumbo.
Los responsables de estos hechos para la JEP corresponden en su gran mayoría a la Segunda División del Ejército. Una de las cuatro divisiones de esa institución que concentran cerca del 60% de los casos. Tras esta investigación la JEP determinó que se concentrará en lo sucedido entre el año 2007 y 2008.
En el Huila, la JEP informó que la Quinta División del Ejército durante el periodo 2005 a 2008 “se caracterizó por un incremento sustancial de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso”.
La JEP también priorizó al departamento del Casanare. Ahí se investigarán los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Estas muertes corresponden a las presentadas por miembros de la Brigada XVI.
El último departamento priorizado será Meta, porque el Batallón de Infantería no. 21 'Batalla Pantano de Vargas' (BIVAR) evidenció el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.
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Colprensa
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