Así Pasó

"No va a pasar nada": Los caleños ven con pesimismo la nueva investigación en contra de Ospina

Después de varias investigaciones contra Ospina, los caleños ya perdieron la fe y creen que con esta nueva que cursa en su contra tampoco va a pasar nada.

Tras conocer que los entes de control nacional (Procuraduría y Contraloría) tienen en la mira al alcalde Jorge Iván Ospina por un posible carrusel de contratación en la capital del Valle, le preguntamos a nuestros seguidores a través de nuestra cuenta de Instagram @QhuboCali si creían que esta investigación servirá para algo.

Un total de 152 personas comentaron y la mayoría ven con pesimismo los resultados que traiga consigo este trabajo.

Algunos comentarios fueron:

"Para nada pura fachada al fin se va y ya como le untan mantequilla a todos".

  "Ya se robó lo que querÍa no alcanzo a sacar lo último que le restaba".

"Con decirles que en cuatro años estará haciendo campaña para otro mandato y ganará. Todo es el momento y el escándalo y en un mes ya está calladito todo".

"Le servirá para que se vuele y se vaya más rápido de el país".

"Para nada siempre investigan y al final no pasa nada se quedan con lo que se roban"

Esta fue la publicación para ver los comentarios completos:

El escándalo de Ospina

Al alcalde Jorge Iván Ospina la Contraloría lo investiga por un posible carrusel de contratación en la capital del Valle del Cauca.

Por tal razón, al mandatario le embargaron 5 cuentas bancarias y 7 propiedades mientras lo investigan por ese hecho.

Según relata un informe exclusivo realizado por la revista Semana y el diario El País, la Contraloría ordenó el embargo de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AVVillas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.

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Además, dentro del procedimiento -ordenado por el ente investigador- se dispuso congelar otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en la presunta red de corrupción que estaría dedicada al desangre de los recursos públicos.

En los expedientes, que se encuentran en manos de los medios de comunicación ya citados, se indica que las irregularidades halladas están por los $700.000 millones, pero que podrían llegar a un billón de pesos.

Por lo pronto, de acuerdo con los documentos, el detrimento superaría los 30.000 millones de pesos.

Los frentes de investigación

De acuerdo con los informes de Semana y El País, las primeras indagaciones del ente fiscalizador están orientadas a un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un grave detrimento en las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

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Para el caso de las cámaras de seguridad, el revelador expediente indica que la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de $5.000 millones, de los cuales $1.500 millones nunca se ejecutaron.

Las pesquisas llevan a indagar una sospechosa intermediación en un convenio suscrito entre la Imprenta Departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.

Los detalles

Los datos del expediente -en poder de Semana y El País- revelan que el problema inició el pasado 9 de diciembre del 2020. Ese día el mandatario emitió un decreto con el cual delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Rojas.

Ese proceso contractual, que no llegó a término total, exponía la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.

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El objetivo era contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad. Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto.

Acto seguido, la Secretaría de Seguridad “realizó la invitación” a Impretics para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.

El objeto contractual, según las pruebas obtenidas por Semana y El País, era “aunar esfuerzos técnicos y administrativos (…) en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.

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El decreto, que respalda esta cuestionada contratación, asegura expresamente que la imprenta tiene “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones.

Impretics, como indica el expediente, ofreció a la Alcaldía de Cali como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por $426 millones.

A esa millonaria cifra se le sumó el respaldo económico del alcalde Ospina, que estableció un presupuesto superior a los $5.300 millones.

Finalmente, Impretics no ejecutó propiamente la labor y terminó contratando con una unión temporal llamada Windetec.

En el contrato, suscrito entre estas dos empresas, se indica que el presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5.000 millones, a lo que se le suma un costo de $300 millones por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida.

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