Aún así, el pasado 15 de noviembre se pactó una adición a este contrato tanto en materia de presupuesto como en obras nuevas.
El proyecto inicial era reparar 587 segmentos viales por $ 86.000 millones que se ejecutarían desde el 1 de junio al 31 de diciembre. Ahora se le agregaron 77 tramos más en los barrios Alameda, Bretaña, Guayaquil, Eucarístico, Champagnat, Urbanización Colseguros, 3 de julio y el Cedro, y se aumentó el monto del contrato en
$ 13.817 millones.
Carlos Hernando Pinilla, concejal de la ciudad, dijo que “no entiendo cómo a un contrato de $ 86.000 millones que lleva desembolsado solo $ 15.000 millones, se le adicionan casi $ 14.000 millones, yo no logro entender eso”.
El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Humberto Martínez, explicó ante el Concejo que esto se hizo porque “desde el punto de vista económico, lo más acertado era aprovechar esa licitación, ya adjudicada, y adicionarle las obras”.
Y complementó diciendo que un proceso licitatorio tiene más de 60 días para poderse adjudicar y que todo ese tiempo se lo ahorró la Alcaldía al realizar la adición.
Sin embargo, el funcionario no explicó que, en el mes de septiembre, la Secretaría sí abrió un proceso para realizar estas obras. Se trata de la licitación no. 4151.010.32.1.1522-2022, la cual buscaba rehabilitar 66 segmentos viales en los barrios ya mencionados por $ 9106 millones. El plazo para ejecutar este proyecto también era hasta el 31 de diciembre.
Pero, el 14 de octubre, la Secretaría de Infraestructura decidió no continuar con el proceso y explicó que “se presentaron observaciones por parte de los interesados en participar en cuanto al plazo del proyecto, manifestando que el estipulado en los documentos era demasiado corto para la ejecución de este tipo de contrato”.
Los oferentes manifestaron que el plazo y el monto del contrato no eran suficientes, pero días después, el 3 de noviembre, el organismo de la Alcaldía inició el proceso para adicionar al contrato de los $ 86.000 millones, 62 de los 66 tramos del proceso licitatorio fallido, sumando otros más y dándole al Consorcio Vial más dinero ($ 13.800 millones) para realizar esto, todo con el mismo plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre.
Las críticas no se hicieron esperar. María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, manifestó que “cuando se cancela una licitación por imposibilidad técnica de ejecutar su objeto antes del 31 de diciembre y, sorprendentemente, las mismas obras se le adicionan a un contrato de obra en curso que también termina el 31 de diciembre es imposible preguntarse por qué ese contratista que no ha avanzado en su contrato inicial puede ejecutar $ 13.800 millones adicionales en tan solo un mes”.
Alvarado sostuvo que es necesario que los procesos de contratación generen transparencia y pluralidad de oferentes. “No es admisible que los interesados en participar adviertan observaciones sobre bajos presupuestos o cronogramas inviables y terminemos con muy pocos oferentes y, posteriormente, la Administración le ajuste precios y prórrogas al adjudicatario de otro proceso”.
José Fernando Amézquita, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), capítulo Occidente, señaló que “preocupa sobremanera que aun con la evidencia del limitado avance físico, se adicione ese recurso correspondiente a más cantidad de vías. Es muy importante introducir las buenas prácticas en la contratación”.
Aun así, el Consorcio Vial 2022 ya cuenta con los recursos adicionales en el contrato, pero hay algo cierto: no hay manera de que el objeto contractual se complete antes de terminar el 2022.
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