La Organización de Naciones Unidas denunció la violencia en el principal puerto del Pacífico colombiano.
Este viernes, la Organización Naciones Unidas, ONU, manifestó su "preocupación" por una nueva ola de violencia en Buenaventura, que en lo corrido del año deja 41 homicidios, 13 desapariciones y más de 8.000 desplazados.
El principal puerto de Colombia en el océano Pacífico vive un "deterioro alarmante de la situación de derechos humanos y seguridad", según un comunicado divulgado por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, tras una visita a la zona.
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La ciudad de unos 300.000 habitantes está inmersa en una sangrienta guerra entre bandas que se disputan las rentas del narcotráfico.
A comienzos de febrero, cientos de personas bloquearon la carretera que conecta a la ciudad con el muelle del principal puerto marítimo del país, para exigir el cese de la violencia contra esta población.
Aunque el Estado desplegó a cientos de uniformados en la región para reforzar la seguridad, la violencia persiste:
En Buenaventura están siendo profundamente afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales", reza el comunicado de la ONU.
A comienzos de marzo el obispo de la ciudad, monseñor Rubén Darío Jaramillo, denunció amenazas contra su vida y la de otros miembros de la Iglesia.
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El distrito portuario mueve el 35% del comercio exterior del país, exceptuando los productos minero energéticos. Pero la pobreza afecta al 41% de la población, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población", explicó la representación en Colombia de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La violencia no es un fenómeno nuevo en el puerto. Desde hace al menos dos décadas bandas armadas se disputan las rentas del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión.
Pero el país vive la peor arremetida de grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.
Según expertos, el Estado no tomó el control de los territorios dejados por la insurgencia marxista, lo que facilitó la consolidación de nuevas organizaciones que se disputan el negocio de la coca y la marihuana.
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AFP.
