Gustavo Petro, se reunirá este miércoles 7 de diciembre, en Buenaventura, con miembros de los grupos al margen de la ley Los Shotas y Los Espartanos, para dialogar sobre la búsqueda de paz y la posibilidad de que esos grupos tengan un acogimiento judicial.
“Mañana vamos a estar en Buenaventura precisamente intentando, en un proceso inédito, no tiene antecedentes, vamos a aprender de él literalmente, como unos 1.500 jovencitos, en su mayoría negros de estas mismas edades, 19 y 20 años, que se han venido matando entre sí desde hace bastante”, manifestó el presidente.
Petro expresó que los jóvenes reclutados de esa zona del país acuden a cometer actos al margen de la ley por la pobreza que particularmente vive ese territorio y por la falta de oportunidades para tener una mejor vida.
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“Como la posibilidad de que puedan dialogar entre sí, de cómo podrían construir entre ellos una visión común, conjunta, de lo que debería ser la Buenaventura de sus sueños (...) como mañana espero, todos tendremos dudas de ese proceso indudablemente, pero que importante es que esos 1.500 jóvenes decidan no matarse entre sí”, afirmó el mandatario.
Y reiteró: “Apostándole y confiando en el Estado a sacar a Buenaventura de su postración social y a llevarlo a lo que debería ser como cualquier puerto del mundo, una ciudad con posibilidades enormes de diferente nivel que hoy no tienen. La paz por tanto en medio de la violencia, en mi opinión, sigue siendo importante”.
Entre los días 5 y 6 de diciembre se han desarrollado actividades sociales, musicales y culturales que están encaminadas a la búsqueda de paz total, esto por medio de talleres de formación, conciertos, entre otros, con la intención de construir la paz en ese territorio y en general para Colombia.
Se estima que el presidente esté acompañado el 7 de la vicepresidenta, Francia Márquez, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entre otros funcionarios del Gobierno.
“Este gesto de buena voluntad de los Shotas y los Espartanos abre el camino para una mesa de diálogo socio jurídico que facilite una transición a la legalidad de cerca de 1.600 de sus integrantes, y que anteponga la verdad para las víctimas y las garantías de no repetición a una salida netamente punitiva”, explicó la Comisión de Paz.
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