A raíz de esto, la Corte le ordenó al Congreso iniciar labores para comenzar el trámite de un proyecto de ley que ayude a regularizar y penalizar este tipo de violencia, que impacta de forma considerable la salud mental de las mujeres, quienes son las principales víctimas.
Por eso, Q’HUBO le explica las razones y los motivos por los cuales esta importante decisión marca un hito en la revisión de casos, donde, hace mucho tiempo, se solicitaba revaluar ciertos escenarios en los que las víctimas, por el simple hecho de ser mujer, muchas veces son revictimizadas y sus casos quedan en la impunidad.
Esta decisión de la Corte surgió tras estudiar una tutela que había sido interpuesta por una mujer, a quien las autoridades llamaron Luz para proteger su identidad. Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2020, cuando Luz asistió con sus hijos y su pareja a una escuela de equitación para acompañar a sus hijos a una clase. Y mientras ella fue a uno de los baños del recinto, sus partes íntimas y sus glúteos quedaron registrados en una cámara que había sido ubicada de forma estratégica para tal fin.
Casi un año después de los hechos, la mujer se enteró que en redes sociales circulaba un video donde se veían sus partes íntimas expuestas, y gracias a que la mujer pudo identificar el logo de la escuela, inició las acciones legales para instaurar la denuncia.
Por tal razón, la afectada interpuso una tutela contra dicha escuela de equitación, la Secretaría de Salud y Gobierno de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería Distrital y la alcaldía de Suba, tras considerar que se le vulneraron los derechos al buen nombre, honra, intimidad, desarrollo de la personalidad, integridad física, entre otros.
Para la doctora Karol Vásquez, decana de la facultad de Terapias Psicosociales de la Universidad Antonio Nariño, el impacto en la salud de una víctima puede desencadenar “depresión, ataques de ansiedad, pánico, rencor e irritabilidad tras sentir tanto dolor al ser víctima de una situación que nunca buscaron, que no pidieron, y que sin darse cuenta y sin haber autorizado, las llevó a un escenario complejo donde no solo ponen en riesgo su vida sino la de sus familias”, dijo la especialista, quien concluyó que “si no se acompañan de la mejor forma estas situaciones, en el peor de los casos una víctima, producto de la desesperación y la vergüenza, por querer ponerle fin a la situación, puede tomar la decisión de acabar con su propia vida”.
Q’HUBO habló con el abogado penalista Juan Felipe Criollo, quien nos aclaró los principales puntos de esta decisión que busca ponerle un tatequieto a quienes divulgan contenido íntimo sin permiso.
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