Las autoridades buscan a un sexto presunto implicado en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Cartagena el pasado 10 de mayo.
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reveló que este sexto implicado se llama Gabriel Carlos Salinas Mendoza y habría salido del país, probablemente hacia Venezuela.
Por el caso ya hay cinco capturados, que fueron enviados a la cárcel en las últimas horas por un juez de garantías.
Se trata de Wendre Still Scott, presunto sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; Eiverson Adrián Zabaleta, quien presuntamente cumplió labores de transporte; y Francisco Correa Galeano, quien estructuró la operación, quienes fueron imputados y enviados a la cárcel este lunes. Solo el último no aceptó cargos.
El director de la Policía dio a conocer una circular azul de Interpol expedida recientemente contra esta persona. “Gabriel Carlos Ruiz, debe ser ubicado por los 196 países de Interpol”, dijo el director de la Policía.
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Frente a los autoridades intelectuales el general Vargas reveló que estos podrían estar en otro país.
Bajo esta línea explicó que hubo un plan previo para asesinar al fiscal Pecci en coordinación con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. “Por cuestiones de coordinación entre ellos, este homicidio no pudo ser consumado en Paraguay y el acuerdo al que llegaron fue que fuera realizado en cualquier parte del mundo. Por eso todo nuestro esfuerzo de ubicación en coordinación con Interpol”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que por el crimen del fiscal Pecci se pagaron más de 2.000 millones de pesos, y que el seguimiento de este en Cartagena se logró gracias a las redes sociales.
"Publicar en redes sociales sin responsabilidad puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero que gracias a las redes sociales lograron la ubicación del fiscal Pecci", agregó.
El fiscal explicó además que aunque el crimen se perpetró el 10 de mayo, cuatro días antes en Medellín ya se estaba estructurando el plan.
Barbosa explicó que para poder judicializar a las cinco personas se hizo el estudio de 20 lugares, de 200 elementos probatorios, análisis de 120 horas de video, información técnica de 40 antenas, la intercepción de 67 líneas telefónicas, 27 entrevistas y el análisis de 10 redes sociales.
Con información de Colprensa.
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