Preocupación por delincuencia y corrupción en Cali

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, volvió a pronunciarse ante la delincuencia y corrupción que está afectando notoriamente a la capital vallecaucana.

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, reiteró su preocupación ante la delincuencia y corrupción en la que está envuelta la ciudad.

Fue a través de su cuenta de Twitter, en la cual se identifica con el usuario @robertoortizu, que Ortiz escribió que el alcalde Jorge Iván Ospina está en el peor de los mundos, pues, la Contraloría lo investiga por un posible carrusel de contratación en la capital del Valle del Cauca.

"El alcalde Ospina está en el peor de los mundos, investigado por todos los entes de control. Tiene a Cali inmersa en corrupción y en manos de la delincuencia", dijo.

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Seguidamente, mencionó que "algunos funcionarios zarparon del barco antes para continuar su funesto legado, otros bien camuflados buscarán reemplazarlo para continuar el saqueo a Cali. Todos se arroparon con la cobija de la corrupción (creen que la gente es boba)".

"¿Los que quedan podrían seguir acompañándolo con todos esos señalamientos? Y además con la posibilidad que en los próximos días el alcalde sea detenido", sostuvo.

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De igual forma, el edil Roberto Ortiz hizo énfasis en que se podrá tener una mejor ciudad si se enfrenta la corrupción y la delincuencia, esas mismas que hoy la aquejan, con "contundencia".

Y es que precisamente, Ospina en la actualidad protagoniza tremendo escándalo por los líos en los que está metido. Recientemente, la Contraloría ordenó el embargo de 5 cuentas bancarias y 7 propiedades mientras lo investigan por un posible carrusel de contratación.

Según relata un informe exclusivo realizado por la revista Semana y el diario El País, la Contraloría le realizó el embargo de cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AVVillas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.

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Además, dentro del procedimiento -ordenado por el ente investigador- se dispuso congelar otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en la presunta red de corrupción que estaría dedicada al desangre de los recursos públicos.

En los expedientes, que se encuentran en manos de los medios de comunicación ya citados, se indica que las irregularidades halladas están por los $700.000 millones, pero que podrían llegar a un billón de pesos.

Por lo pronto, de acuerdo con los documentos, el detrimento superaría los 30.000 millones de pesos.

Los frentes de investigación

De acuerdo con los informes de Semana y El País, las primeras indagaciones del ente fiscalizador están orientadas a un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un grave detrimento en las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Para el caso de las cámaras de seguridad, el revelador expediente indica que la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de $5.000 millones, de los cuales $1.500 millones nunca se ejecutaron.

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Las pesquisas llevan a indagar una sospechosa intermediación en un convenio suscrito entre la Imprenta Departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.

Los detalles

Los datos del expediente -en poder de Semana y El País- revelan que el problema inició el pasado 9 de diciembre del 2020. Ese día el mandatario emitió un decreto con el cual delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Rojas.

Ese proceso contractual, que no llegó a término total, exponía la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.

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El objetivo era contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad. Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto.

Acto seguido, la Secretaría de Seguridad “realizó la invitación” a Impretics para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.

El objeto contractual, según las pruebas obtenidas por Semana y El País, era “aunar esfuerzos técnicos y administrativos (…) en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.

El decreto, que respalda esta cuestionada contratación, asegura expresamente que la imprenta tiene “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones.

Impretics, como indica el expediente, ofreció a la Alcaldía de Cali como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por $426 millones.

A esa millonaria cifra se le sumó el respaldo económico del alcalde Ospina, que estableció un presupuesto superior a los $5.300 millones.

Finalmente, Impretics no ejecutó propiamente la labor y terminó contratando con una unión temporal llamada Windetec.

En el contrato, suscrito entre estas dos empresas, se indica que el presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5.000 millones, a lo que se le suma un costo de $300 millones por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida.

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