Así lo anunció el órgano de control este 28 de junio.
La Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación con el fin de verificar lo que pasó en la Cárcel y Penintenciaria de Media Seguridad de Tuluá (EPMSC).
Hasta el momento el posible amotinamiento e incendio ha dejado al menos 51 muertos.
El órgano de control busca establecer si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos por acción, omisión o extralimitación de funciones, por lo que ordenó practicar pruebas.
También, la Procuraduría se encuentra realizando las primeras diligencias en el lugar de los hechos.
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A esta labor se suma un equipo de fiscales que se encargará de investigar este caso. En total serán 25 personas, entre fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística del CTI y peritos forenses de Medicina Legal.
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