La Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación con el fin de verificar lo que pasó en la Cárcel y Penintenciaria de Media Seguridad de Tuluá (EPMSC).
Hasta el momento el posible amotinamiento e incendio ha dejado al menos 51 muertos.
El órgano de control busca establecer si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos por acción, omisión o extralimitación de funciones, por lo que ordenó practicar pruebas.
También, la Procuraduría se encuentra realizando las primeras diligencias en el lugar de los hechos.
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A esta labor se suma un equipo de fiscales que se encargará de investigar este caso. En total serán 25 personas, entre fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística del CTI y peritos forenses de Medicina Legal.
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