Procuraduría abrió investigación a Ospina por presunta corrupción en feria virtual

Polémica. Pese a que no hubo gente ni espectáculos en vivo, la Feria de Cali Virtual del 2020 fue, hasta entonces, la más costosa que se ha realizado en la capital del Valle.

Por: Hugo Mario Cárdenas, editor de la Unidad Investigativa - El País

Tras la andanada de denuncias por supuestas irregularidades encontradas en varios de los contratos firmados en el 2020 para la realización de la Feria de Cali Virtual, la Procuraduría General emitió un ‘auto de apertura de investigación’ por presunta corrupción contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.

Así lo hizo saber el Ministerio Público en un documento conocido por El País, en el que anuncia el control preferente a ese proceso y le solicita a la Personería de Cali “abstenerse de abrir investigación disciplinaria” por estos mismos hechos o suspenderla de inmediato si la hubiese abierto.

De acuerdo con el expediente IUS-US-E-2020-654546, en poder de la Procuraduría 1 Delegada para la Contratación Estatal, lo que se busca es establecer responsabilidades en las “presuntas irregularidades acaecidas en el marco del convenio interadministrativo No.4148.010.27.1023-2020 ”, a través del cual se realizó la Feria de Cali Virtual, en el marco de la pandemia, y en la que la ciudad invirtió más de $12.600 millones.

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Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró a través de un mensaje de WhatsApp no tener conocimiento de este proceso. “No, no he sido notificado”, escribió.

El primer pronunciamiento frente al polémico convenio lo hizo la Contraloría Municipal en abril del 2021 cuando aseguró que en la Feria de Cali Virtual hubo un presunto detrimento patrimonial de $5281 millones, el equivalente al 41 % del costo total del evento más importante de la ciudad.
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Por eso en el auto de apertura de investigación por presunta corrupción, que inició la Procuraduría General, se incluyó también a José Darwin Lenis, quien era el ordenador del gasto en la Secretaría de Cultura, la entidad que firmó el convenio, y Alexánder Zuluaga, entonces gerente y representante legal de la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali, Corfecali, quien renunció tras los escándalos.

José Darwin Lenis, actual secretario de Educación de Cali, aseguró que tampoco conoce del tema. “La verdad es que no tengo ninguna notificación”.

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Los implicados, dicen los documentos, modificaron el convenio y cambiaron la estructura de puesta en escena presencial por grabaciones realizadas en diversos estudios, ante la emergencia por pandemia, pero manteniendo los mismos valores. “Estas actuaciones violan las normas de contratación, conllevando a una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica”, dijo la Contraloría en su momento.

En el 2021 la Contraloría de Cali encontró, tras revisar la contratación para la Feria de Cali Virtual, 42 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, 14 con incidencia fiscal y 11 con incidencia de tipo penal.

Esta decisión, según la exconcejal Diana Rojas, quien ha realizado varias denuncias de presunta corrupción en el gobierno de Jorge Iván Ospina, “es una buena noticia para los caleños porque llevamos casi dos años esperando alguna acción de la Personería sin ninguna respuesta”.

“Lo que sí le pedimos a la Procuraduría es celeridad en el trabajo porque aquí necesitamos respuestas y responsables del detrimento patrimonial por $5200 millones de la Feria de Cali Virtual. El llamado a la Procuraduría es que es importante hacer anuncios, pero lo que necesitamos los caleños son responsables y resultados concretos”, insistió Diana Rojas.

En el convenio interadministrativo entre Alcaldía y Corfecali habría sobrecostos, favorecimientos, contratistas no idóneos, pagos por labores que no se hicieron y compras de elementos que no eran para la feria, entre otros.

Es solo un paso

Pero por más expectativa que haya en la ciudad frente a los resultados de las investigaciones que determinen lo que ocurrió no solo con los dineros de la Feria de Cali Virtual, sino con los recursos del alumbrado móvil y otros contratos con presuntas irregularidades, también hay escepticismo por el resultado de procesos disciplinarios anteriores.

“Conocemos en la ciudad de casos que la Personería de Cali investiga y lleva a buen ritmo, pero luego son quitados desde Bogotá por control preferente y que no terminan en nada porque hay unos poderes grandes que protegen al alcalde Ospina”, asegura el concejal Roberto Ortiz.

“No podemos olvidar que cuando fue candidato en el 2019 tenía 70 procesos y de un brochazo, el procurador Carrillo los archivó. Si fuera para concluir que han encontrado culpables o inocentes de estas actuaciones vaya y venga, pero lo que se ve es que existe una mano intencional de quitar los casos que tiene la Personería, que a mi parecer ha dado visos de querer poner en cintura a muchos funcionarios que creen que el patrimonio público les pertenece”, señaló el concejal Ortiz.

Hay quienes consideran, sin embargo, que este tema de la Feria de Cali Virtual realizada en el año 2020, en medio de la pandemia, tiene un peso simbólico muy importante porque fue el principio del fin de la credibilidad de la actual administración.

Así lo considera el también concejal Fernando Tamayo. “En época de pandemia el Alcalde tenía una aceptación del 67%, incluso por encima de la Alcaldesa de Bogotá y el Alcalde de Medellín, y con la Feria Virtual se inicia un proceso de pérdida de fe en la institucionalidad que se ha ido agudizando y acentuando con el paso del tiempo y la cantidad de denuncias y escándalos que ha habido”.

“Todo lo que sirva para aclarar lo que sucedió, sea positivo o negativo, sanciones o absoluciones, es bienvenido porque a nosotros lo que nos está matando es la incertidumbre; la sensación de que se hacen una cantidad de denuncias y que no pasa absolutamente nada”, indicó Tamayo.

Por último, el abogado Élmer Montaña, quien ha presentado varias denuncias contra el alcalde Ospina y algunos de sus funcionarios por presunta corrupción administrativa, también aseguró que la decisión de la Procuraduría General de la Nación no le genera ninguna expectativa.

“No me despierta ningún optimismo porque sabemos que la Procuraduría ha sido connivente con la corrupción en Cali y el Valle y no ha adelantado las investigaciones de manera diligente; pero sobre todo, existe el antecedente nefasto de que la Procuraduría hace un par de años le archivó más de 60 investigaciones a Jorge Iván Ospina por prescripción; es decir, no hizo una labor investigativa sino que dejó pasar el tiempo y que los procesos prescribieran”, recordó Montaña.

Miembros de la Junta Directiva de Corfecali, que no eran funcionarios de la Alcaldía, advirtieron en noviembre de 2020 que les ocultaron el presupuesto de la feria virtual aprovechando que la mayoría de los delegados eran afines al alcalde Jorge Iván Ospina.

Sobre los presuntos hechos de corrupción en la Feria

En octubre del 2021 El País reveló detalles de un informe que la revisoría fiscal le presentaría a la Gerencia de Corfecali, donde halló no solo compras exuberantes sino varias irregularidades en los proceso contractuales.

El estudio evidenció que hubo contratos que superaron el valor máximo autorizado al exgerente Alexánder Zuluaga y que firmó desconociendo la Junta Directiva, entre ellos uno por $ 1131 millones para los encuentros comuneros y otro por $948 millones para la proyección de hologramas en 3D.

Estos contratos se firmaron con la Asociación de Músicos y Artistas del Valle del Cauca (Amvarc) y Cacumen Post S.A.S, respectivamente. En el caso de Cacumen, el contrato para el mapping se haría por diez días, pero la Feria duró cinco. También en nombre de la Feria, la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía compró pantallas touch por $57 millones y computadores e impresores a $45 millones, entre otros.

Otro de los hallazgos es que las cifras que entregó Alexánder Zuluaga a los medios con respecto a la contratación de artistas internacionales era falsa. Dijo que contratar virtualmente a Los Van Van de Cuba, Alexánder Abreu, Bobby Valentín y Eddie Palmieri “se acercaba a 150 mil dólares”, unos $ 500 millones, pero en realidad fueron casi 200 mil dólares, parte de ellos en un contrato con la discoteca Topa Tolondra por $ 485 millones para hacer dos videos de Bobby Valentín y Eddie Palmieri, sin ser ese el objeto social de la discoteca.

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