Un contrato suscrito por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, MinTic, para brindar conectividad a miles de escuelas en el país está siendo investigado por la Procuraduría.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público que dijo que, desde el 27 de julio se abrió una indagación preliminar sobre el Contrato Estatal de Aporte No. 1043 /2020 celebrado por MinTic para Centros Digitales. "Se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación", indicaron.
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El caso tiene en el ojo del huracán a la ministra Karen Abudinen, contra quién la oposición de la Cámara de Representantes promueve una moción de censura.
El contrato ha suscitado gran controversia en los últimos días por la presunta pérdida de 70.000 millones que se giraron a la Unión Temporal Centros Poblados para que llevara puntos de conexión a la internet en las escuelas más pobres del país.
El objetivo del contrato, adjudicado en diciembre de 2020, era conectar a la red a 14.745 escuelas rurales con una inversión superior a los 2 billones de pesos que se ganó Claro Colombia y la Unión Temporal Centros Poblados.
Sin embargo, el lío comenzó cuando La W denunció que la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía la labor de instalar más de 7 mil puntos, presentó retrasos en la ejecución.
Esto llevó a comprobar que se habrían usado garantías bancarias, al parecer falsas, en este contrato.
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La versión de MinTic es que, ante un incumplimiento, se abrió el proceso de caducidad del contrato y durante una audiencia el Banco Itaú señaló que la garantía presentada por la Unión Temporal no fue expedida por su entidad.
Por su parte, se está promoviendo en la Cámara de Representantes el trámite de una moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
La propuesta la lidera el representante a la Cámara por el Partido de la U, Jhon Jairo Hoyos.
Le advirtieron lo que pasaría y aún así siguió adelante. Debe responderle al país.
Como así que aquí no pasa nada?”, sostuvo Hoyos sobre Abudinen.
Hoyos, quien pese a que hace parte de un partido de la coalición de Gobierno está en la oposición, está buscando el trámite de la sanción política con los representantes María José Pizarro (petrista), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Germán Navas Talero (Polo Democrático) e Inti Asprilla (Alianza Verde), entre otros.
El también opositor, representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, le pidió la renuncia a la ministra, porque en su concepto ella tuvo una clara omisión y permitió que se diera un escándalo bochornoso de contratación que afectó directamente los derechos de los menores de edad.
Otro pronunciamiento en contra de la ministra lo dio Coalición de la Esperanza (la alianza de los dirigentes Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle).
Tiene una responsabilidad política innegable frente a la pérdida de $70.000 millones que se dieron como anticipo para lograr la conectividad digital de las escuelas más vulnerables del país y que nunca llegó.
Por tal razón, exigimos a la ministra que se aparte del cargo", consideraron sobre la ministra Abudinen.
Incluso, formularon algunas preguntas sobre lo que hay detrás de ese contrato, “¿Quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó?, ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre el Banco Itaú?, ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aún conociendo la falta de idoneidad de la Unión Temporal Centros Poblados?", señala el comunicado.
En redes sociales, rápidamente se viralizó un video en donde la ministra aseguraba que de no cumplirse el contrato debería ser llevada al cementerio.
La declaración de la funcionaria se realizó durante una entrevista en vivo en Noticias Caracol.
Aunque se espera un pronto pronunciamiento de la ministra de las TIC, ella señaló el julio pasado que "a lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”.
El dinero (los $70.000 millones) fueron desembolsados por el MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia, pero por una presunta irregularidad, ocasionó que se invalidara.
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