Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento a Mónica Andrea Bravo Bermúdez, funcionaria de la Regional Pacífico, con sede en Buenaventura, de la Defensoría del Pueblo por los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada.
Los hechos por los que hoy la Fiscalía General de la Nación acusa a Bravo Bermúdez supuestamente acaecieron el 31 de enero de 2021.
Un empleado que le ayudaba con los servicios domésticos y dos ciudadanos extranjeros fueron amenazados con arma de fuego en la casa de la burócrata por Javier Enrique Bermúdez Yesquen y otros dos individuos, provenientes de Cali. El extravío de $40 millones fue la causa del amedrentamiento, según el comunicado noticioso del ente investigador. Bravo Bermúdez ha ejercido distintas funciones en la Defensoría del Pueblo desde el 2014, de acuerdo a datos de la página web Función Pública.
Luego las víctimas habrían sido llevadas a una finca de la familia Bravo Bermúdez, donde “fueron atadas de pies y manos, así como sometidas a golpes, torturas y amenazas, con el fin de obligarlos a decir dónde y quién se había quedado con el dinero”, indica la Fiscalía. Posteriormente, las regresaron al puerto de Buenaventura tras amenazarlas.
Tanto Bravo Rodríguez como Bermúdez Yesquen, capturados el 14 de diciembre, no aceptaron los cargos de la imputación. Del paradero del dinero y de los dos cómplices no se tiene noticia.
Con información de Colprensa
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