Cali figura en el lugar 32, mientras que Palmira se ubicó en el puesto 48. Pese a esto, Q’hubo consultó con expertos quienes indicaron que en el caso de la capital del Valle las cifras tienen algo de imprecisión.
De acuerdo con el experto en seguridad y politólogo, Luis Barrera, “hay una imprecisión en las cifras. Cali en 2022 tuvo 988 homicidios, por primera vez quebró la frontera de menos de mil asesinatos, la cifra más baja en 30 años. Esto le permitió alcanzar una tasa de 43 homicidios por cada cien mil habitantes”.
“El ranking presenta una cifra diferente, supuestamente incluyendo el área metropolitana pero está errada”, agregó.
En este sentido, este listado está incorporando en la tasa a la población de lo que sería el área metropolitana de la capital del Valle; esto es, Jamundí, Yumbo, Dagua y Candelaria, lo que la haría más alta terminando por afectar la tasa por cada 100 habitantes.
De acuerdo con Juan Camilo Cock, director ejecutivo de la Fundación Alvaralice, este ranking utiliza solo una medida que es la tasa de homicidios y Cali -desde hace muchos años- ha tenido un número alto.
“Aunque haya tendencia a la baja en la ciudad frente a las muertes violentas, pues estamos en la mitad de los homicidios que había hace 10 años, seguimos estando en este listado porque la cifra era tan desbordante que aunque disminuya, sigue siendo alta comparativamente”.
Juan Camilo Cock.
Así mismo, Barrera indicó que “las reducciones de los últimos años en homicidios, que solo se frenaron en 2021 por los efectos del paro, le han permitido a la ciudad alejarse del top 10 de ciudades más violentas, pasando del puesto 24 en 2021 al 32 en 2022”.
“Sin embargo, siguen siendo umbrales de violencia muy altos que merecen la atención pública para acelerar su reducción”, acotó.
Tal y como lo explica Alberto Sánchez, investigador en seguridad ciudadana, esto “no es necesariamente un fracaso para las administraciones, sino una mejora sostenida a nivel de ciudad y país. Colombia tiene cada vez menos ciudades en el ranking y Cali va ocupando lugares más cercanos al puesto 50”.
No obstante, acepta que sigue siendo preocupante que la ciudad continúe referenciada en este listado.
“Sigue siendo la capital más violenta del país, pero va mejorando en lo que era hace 25 años, cuando era mucho más complicado”, agregó.
“Lo importante es que no se reverse la disminución que se presentó el año pasado, pues para el 2021 -por cuenta del estallido- hubo un pico muy alto”.
Detalló, Cock.
“La mayoría de asesinatos provienen de enfrentamientos entre estructuras delincuenciales por el control de mercados ilegales, particularmente estupefacientes”, explicó Barrera.
Por su parte, Sánchez explica que los temas relacionados con las riñas, el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar y los intercambios entre vecinos -que pueden terminar tanto en lesiones personales como en homicidios- tienen una alta proclividad a la violencia
El investigador explica que la compleja dinámica del crimen organizado no solo se da en el Valle del Cauca, sino es que un fenómeno regional que implica zonas como Chocó y Nariño, que ya se “convierten en corredores macro-regionales en los que Cali ocupa un papel muy complejo”.
Otro de los fenómenos que le aporta al panorama violento de Cali, en palabras de Cock es el tema de la extorsión, el cobro para protección y los préstamos informales (los ‘gota a gota’), las fronteras invisibles y el hurto.
Esto no necesariamente termina en un homicidio, pero sí tienen la amenaza de la agresión de por medio y el control de los territorios por parte de los grupos criminales
“En Cali hay varios factores que se mezclan. El primero es un tema que viene desde el narcotráfico y unas prácticas de violencia que se han mantenido en el tiempo y se han normalizado en algunos sectores, justificando esto como una forma de resolver los problemas”, explicó Cock.
“Esos cambios en ese sentido no se dan tan rápido. Por otro lado, hay una disponibilidad de armas muy amplia en Cali, el acceso es muy sencillo en muchos lugares y no hay un dominio total de unos pocos grupos armados, sino que es algo mucho más fragmentado y muchas veces hay enfrentamientos entre esas bandas”.
Juan Camilo Cock.
Con respecto a las responsabilidades que tienen las alcaldía, el profesional Barrera indica que “para reducir los homicidios se necesita voluntad política y una estrategia integral de seguridad que le apueste a intervenciones focalizadas de fuerza pública en las áreas más violentas y a la prevención social de la violencia en jóvenes”.
Para el Director de Alvaralice, el tema de los programas sociales ha tenido una incidencia positiva frente a la violencia, lo que sucede es que los enfoque sociales no pueden ser lo único que se trabaje.
“En Cali se sigue adoleciendo de policías, tenemos un número muy bajo frente a la población”, acotó.
No obstante, el especialista reveló que la tasa de homicidios en jóvenes entre los 14 y 28 años fue de un 30%. En general la reducción fue de un 20%.
“Sí, la intolerancia se ve reflejada en muchos de los incidentes que vemos todos los días. Esto puede implicar el uso del espacio en la calle, de los eventos sociales, incidentes con la autoridad. La riña es mucho más letal si los involucrados tienen acceso a las armas”, dijo Juan Camilo.
El Director de la Fundación Alvaralice enfatiza que estas dinámicas de violencia tienen abordajes distintos. En el caso de la violencia entre jóvenes, el experto indica que el trabajo social es vital y en el caso de los grupos organizados las soluciones deben ser desde los procesos judiciales.
“Otro factor que puede ayudar a la disminución del homicidio es aumentar la tasa de esclarecimiento y condenas por los mismos”, indicó.
Así mismo, se indicó que es fundamental la continuidad de los programas sociales.
Barrera dijo que es necesario “un compromiso de las autoridades, pero también de toda la sociedad en su conjunto, empresas, medios, academia, iglesias, organizaciones sociales, fortaleciendo los mecanismos de prevención social de la violencia y anteponiendo la vida como valor supremo”.
Por su parte, Alberto Sánchez dice que hay tres componentes esenciales. “Un trabajo de fortalecimiento permanente de las capacidades de seguridad y justicia -desarrollo institucional y capital humano-, también un trabajo judicial fuerte -a través de la Fiscalía y la Policía- y, finalmente, un trabajo de prevención social de la violencia que implica la actuación de todo el Estado local”.
Así mismo, el experto indicó que se debe ejecutar un trabajo desde la Presidencia de la República hacia la ciudad con una inversión macro, necesita un comando de la Dijin en el suroccidente, nuevos CAI, cárceles y estaciones de Policía.
Además, es importante establecer las implicaciones de la paz total y el sometimiento en el ámbito regional, por el tema de la fragmentación criminal.
Para Sánchez y Cock, el cierre de Cali con menos de 800 homicidios no es probable.
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