Esta reclusa prendió fuego a sus enceres al interior de su celda, todo porque no le dieron límpido para realizar el aseo de su lugar.
Tuluá aún no sale del dolor y del luto por la muerte de 54 presos que perdieron sus vidas por un incendio en la cárcel de la ciudad y en menos de 15 días en este municipio se vuelve a repetir un nuevo hecho de un conato de incendio, esta vez los hechos se presentaron en el CAI de Aguaclara, donde inhumanamente 110 personas de manera temporal están privadas de la libertad.
De acuerdo a la Personería de Tuluá, una de las 30 mujeres que están capturadas en este CAI prendió fuego a sus enceres al interior de su celda, y todo por no obtener límpido para el aseo de su celda. Por suerte, la conflagración, que puso en riesgo a los reclusos y custodios, fue controlada a tiempo y se evitó lo que pudo ser otra tragedia.
Crisis carcelaria
Ante esta situación, la Personaría Municipal de Tuluá inició un nuevo proceso de visita a este CAI, donde vuelven a insistir que la situación que viven los internos de este improvisado centro de retención viola los Derechos Humanos y los hallazgos que se encuentra en este sitio son conmovedores, sin obtener una respuesta del INPEC, entidad responsable de estos internos y únicos comprometidos en una nueva catástrofe carcelaria en Tuluá.
“Y es que, Los reclusos, que no deberían estar en ese lugar, sino en centros penitenciarios, ya que se encuentran en un hacinamiento total. En promedio, en cada celda hay entre 10 y 15 presos, sin contar, que hombres y mujeres comparten el mismo centro de reclusión”, resaltó la personera de Tuluá, María Victoria Castro.
Dentro del CAI hay redes empíricas de energía usadas por los presos que representan una situación de peligro. La condición sanitaria es lamentable: al interior de las celdas están ubicadas, separadas solo por una cortina, las baterías sanitarias, que son compartidas por numerosos grupos de reclusos.
Además, la seguridad también deja mucho que desear, pues, según la Personería de Tuluá, las celdas no son las adecuadas para tener a tantas personas retenidas y son fáciles de abrir y en un caso de fuga, la comunidad del corregimiento de Aguaclara se vería en un inminente peligro.
Ante esta situación, la Personería solicitó mediante un oficio de carácter urgente al Inpec y al Ministerio de Justicia adelantar las gestiones y trámites necesarios para que los 110 detenidos que están en el CAI Aguaclara sean trasladados a centros carcelarios, antes de que ocurra una tragedia.
En caso de una catástrofe será el INPEC el único responsable por las vidas y las consecuencias que se presente en este CAI, donde 110 personas, entre hombre y mujeres esperan que el Estado no sea el propio violador de los Derechos Humanos y al final se vean involucrados en pagar indemnizaciones por muertes, como en el caso ocurrido en la cárcel de Tuluá.
