Las autoridades capturaron a cuatro personas que presuntamente llevaban caballos y burros enfermos desde la Costa Atlántica hasta un matadero en Santander para luego vender la carne como si fuera de res.
Las investigaciones permitieron identificar a cuatro personas señaladas de distribuir carne de burro y de caballo como si fuera de res en diferentes entidades.
Los implicados habrían distribuido esta carne a algunos operadores del Plan Alimentación Escolar (PAE) en Santander, así como a entidades públicas, como un batallón y la cárcel Modelo; plazas
de mercado y comercio informal en Bucaramanga.
Los presuntos involucrados en esta conducta ilícita se identificaron como: Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida o El Viejo; Diego Armando Solano Cadena, Édison Cliebbords Villamizar Mendoza y Mario Alvarado Trujillo.
Al parecer, estas personas compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la Costa Atlántica, y con guías de movilización falsas o alteradas los transportaban a un matadero clandestino en el sector La Feria, en Bucaramanga.
En este lugar sacrificaban los animales en condiciones de salubridad precarias y los residuos sólidos y líquidos eran arrojados indiscriminadamente a un Distrito Regional de Manejo Integrado, una zona protegida y de reserva ambiental.
En el área se encontraron esqueletos y vísceras; además, se constató el grave e irreversible daño
ocasionado al suelo, la vegetación y la fauna.
De igual manera, se determinó que el producto, presuntamente, era tratado con químicos para modificar la contextura, intentar hacerlo más blando y darle un color rojizo. Luego, lo empacaban y distribuían como si fuera de res.
Las labores de policía judicial evidenciaron que, al parecer, hicieron diferentes entregas en
el último año, entre 200 y 500 kilogramos por pedido.
Captura y judicialización
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de: concierto para delinquir, daño a los recursos naturales agravado y corrupción de alimentos.
Los implicados aceptaron los cargos. En ese sentido, la juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
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