Ayer se completaron dos días del bloqueo de la vía que conduce de Cali a Buenaventura por parte de aproximadamente mil personas, pertenecientes a nueve comunidades de las zonas rurales del Puerto.
Actualmente, en Buenaventura se viven dos realidades, por un lado, se encuentra el casco urbano que goza de paz, pues el cese a las hostilidades entre Los Shottas y Los Espartanos se mantiene, lo que ha generado que los homicidios se reduzcan 95 %.
Sin embargo, la realidad de la zona rural es totalmente diferente. Al Puerto han llegado alrededor 1300 familias desplazadas por las disputas entre distintas estructuras criminales que se enfrentan por el control de los territorios, los cuales son estratégicos para el tráfico de estupefacientes.
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Según el Arzobispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, las veredas que se nutren de las aguas de los ríos Naya y Yurumanguí, en el sur del municipio, y la zona del Bajo Calima, en el norte, son de las más afectadas.
“Los combates entre grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, la Nueva Marquetalia y la disidencia Jaime Martínez, han desplazado a las comunidades y algunos de los habitantes están confinados en las veredas. También han desaparecido personas y hay escasez de alimentos. Es muy preocupante”, dijo Monseñor Jaramillo.
Según el Arzobispo de Buenaventura, la gota que rebosó la copa fueron las amenazas que han recibido distintos lideres sociales, sumado a que, a pesar de que están en albergues, el desespero de no poder regresar a su tierra debido a las pocas condiciones de seguridad agudiza el problema que viven. A raíz de esto, decidieron bloquear la vía con la esperanza de ser escuchadas por el Estado.
Debido a estos bloqueos, la Terminal de Transportes de Cali suspendió la venta de tiquetes hacia Buenaventura y cientos de personas no han podido viajar.
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Mario Ángulo, vocero de la manifestación, señaló para Blu Radio que el bloqueo se mantendrá hasta que altos funcionarios del Gobierno o miembros del gabinete ministerial visiten la zona y puedan establecer garantías de seguridad.
“Estamos pidiendo la presencia del Comisionado de Paz, del Ministro del Interior, de la directora del programa de Víctimas y el director Nacional de la UNP y así, desde Buenaventura, podamos reorientar algunas cosas”, dijo Ángulo.
Los manifestantes redactaron un documento con 20 peticiones al Gobierno Nacional, entre las cuales se destacan que los grupos armados ilegales muestren voluntad de paz y, en un término no mayor a cuatro meses, devuelvan a los jóvenes reclutados para la guerra. También exigen la liberación de los líderes Edinson Valencia y Abencio Caicedo.
De igual manera la comunidad espera que estas organizaciones respondan públicamente por qué asesinaron a Edinson Valenzuela, directivo de la Junta de Gobierno del río Raposo, y a Arley Cuero, directivo del Comité Veredal del Chorro en Cajambre.
Igualmente, los manifestantes le piden al Estado que se realicen en los próximos dos meses planes para el retorno a los territorios de las comunidades desplazadas desde hace más de dos años.
Monseñor Jaramillo aseguró que el Puerto necesita que “el Gobierno Nacional enfrente las organizaciones criminales que están haciendo tanto daño a la comunidad, se debe tomar la decisión de combatir estos grupos y ayudar a que la población tenga paz”.
Al cierre de esta edición, en Buenaventura se desarrollaba una mesa de concertación con el fin de hallar una posible solución a esta problemática.
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Cuatro personas fueron asesinadas en la noche del miércoles 22 de marzo, en el municipio de El Rosario, Nariño. https://t.co/8Hk6xvaIdX
— Q'hubo Cali (@QhuboCali) March 24, 2023
