ACNUR y PANDI enfatizan en la desnacionalización del delito en los contenidos periodísticos, tomando en cuenta que el país de origen de las personas no aporta información relevante.
Por David Matos, periodista de El País.
39% de las piezas periodísticas en 32 medios de comunicación en 10 departamentos del país deja una percepción negativa frente a las personas migrantes de Venezuela.
En el estudio“Refugiados y migrantes en la agenda de los medios colombianos”, de ACNUR y promovido por PANDI Comunicación y Derechos Humanos, se afirma que Colombia tiene un reto respecto a la mitigación de narrativas estigmatizantes contra la población migrante y refugiada, así como espacios de mejora para que los temas de protección y el acceso a derechos tengan mayor incidencia en la construcción de la agenda informativa de los medios de comunicación.
De 1.305 piezas periodísticas analizadas, 12% deja un mensaje positivo y destaca la integración, la resiliencia y el emprendimiento de esta población, mientras que 48% fue contenido puramente informativo.
Varios medios mantienen un interés en publicar noticias que relatan actos de violencia cometidos presuntamente por personas venezolanas (23% de todas las noticias examinadas en el estudio). Sin embargo, esta reiteración resulta desproporcionada, teniendo en cuenta que, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, del total de indiciados en el país solo 1% corresponde a nacionales venezolanos.
Esto quiere decir que el énfasis en la nacionalidad de quienes cometen delitos no concuerda con una incidencia objetiva de las personas venezolanas en temas relacionados con criminalidad en el país y, por el contrario, promueve estereotipos negativos sobre la población venezolana que se convierten en una barrera para acceder a derechos y favorecer su integración.
De 35 temas de la agenda informativa sobre personas migrantes venezolanas, 15% estuvo vinculada a la relación política entre Colombia y Venezuela; 14% con noticias de cierre y apertura de fronteras, 12% con el acceso a documentación y pronunciamientos del Estado, 9% con la situación de refugiados y migrantes a través del Darién y 9% con la violencia contra refugiados y migrantes.
Colombia ha ratificado su compromiso en garantizar los Derechos Humanos de la población migrante y refugiada en el territorio, a través de los instrumentos internacionales de protección, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1.948), la Convención Americana de Derechos Humanos (1.969), la Convención de Cartagena (1.951) sobre los refugiados, entre otros.
Estos instrumentos comprometen a los países firmantes en la promoción de la coexistencia pacífica, a través de la integración de la población migrante y refugiada que puede aportar cultural y económicamente a las comunidades de acogida. En este contexto, es crucial el rol de los medios de comunicación como agentes en la construcción de la opinión pública y del imaginario colectivo de una población con necesidades de protección internacional, como el derecho a un trabajo digno, a la salud y a la educación.
En los talleres realizados durante este año por ACNUR y PANDI se destacó la necesidad de avanzar hacia la desnacionalización del delito en los contenidos periodísticos, teniendo en cuenta que el país de origen de las personas no aporta información relevante ni explica sus comportamientos en esta materia.
Es preocupante que en la agenda informativa no existe una incidencia individual mayor al 1% de los temas relacionados con la protección de los derechos fundamentales de esta población, como discriminación y xenofobia, trata de personas, niñez y adolescencia, trabajo infantil, vivienda digna, pobreza y exclusión social, derechos sexuales y reproductivos, explotación sexual infantil, prostitución, mendicidad, entre otros.
El estudio destaca el gran abanico de fuentes de información (verbales, estadísticas y documentales) que los periodistas de El País, S.A. utilizaron para la construcción de noticias aportando diversas miradas a los asuntos tratados. Además, 30% de sus piezas hace una denuncia sobre la garantía, vulneración o restablecimiento de un derecho humano. Esto lo ubica 27 puntos porcentuales por debajo del promedio general respecto a los contenidos
Colombia registra 2.9 millones de migrantes provenientes de Venezuela y de esta cifra 151.000 personas tienen vocación de permanencia en Cali, de acuerdo con Migración Colombia. En este contexto, El País, S.A. en alianza con Proyecto Integra de USAID promueven “Cali Incluyente”, una iniciativa de periodismo de integración y cohesión social desde el último trimestre de 2.023.
El proyecto tiene el objetivo de fortalecer la difusión de nuevas narrativas en torno a esta población en Valle del Cauca para promover la confianza alrededor del fenómeno migratorio en la región, a través de la sensibilización de los diferentes actores de impacto, como medios de comunicación, autoridades gubernamentales, academia y empresas privadas.
Estudios, como los promovidos por PANDI y que forman parte del programa Periodismo Libre de Xenofobia de ACNUR, también ofrecen la oportunidad de fortalecer la labor de los medios de comunicación social, con el fin de difundir con información verídica y plural los esfuerzos que las organizaciones desarrollan para reflejar las necesidades que actualmente tiene esta población en Colombia y el potencial que ofrece su integración.
