Comunidad Inga, caracterizada dentro del programa de víctimas del conflicto armado

Sectores como Alto Menga, Paso del Comercio y San Bosco, entre otros han sido impactados por el programa a través de jornadas masivas de Salud y caracterización. Este domingo la cita se cumplió con el Cabildo Indígena Inga, en el sector conocido como San Bosco.
A este lugar llegó un grupo de encuestadores acompañados de lideresas indígenas que generaron toda una logística para cubrir la jornada, a la que asistieron más de un centenar de personas que hacen parte de la comunidad.

Para la Gobernadora de este cabildo asentado y reconocido en Santiago de Cali hace más de 22 años, Paula Andrea Quinchoa, la comunidad está conformada por 688 personas, 274 familias de las cuales más del 50 por ciento son catalogadas como víctimas del conflicto armado, primero desplazadas desde sus territorios por problemas con la guerrilla y otras en Cali por la explosión de una camioneta bomba frente al Palacio de Justicia en pleno corazón de la ciudad el 31 de agosto de 2008.

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De acuerdo con la gobernadora muchas familias indígenas dedicadas al comercio se afectaron. Otro de los atentados que los marcó fue el del 9 de abril contra el comando de la Policía Metropolitana de Cali en el 2007. Gran parte de la comunidad viene desplazada de Nariño y Putumayo.
La jornada se convirtió en todo un encuentro de saberes y tradiciones en donde los niños participaron activamente en actividades lúdicas, como también fueron atendidos por el equipo de Atención en Salud Primaria, junto con sus padres y abuelos,

Con la caracterización lo que se pretende es el restablecimiento de los derechos de las víctimas del Conflicto armado por parte del Estado y otorgar las garantías de no repetición al considerar como premisa fundamental las características y necesidades de la población a la cual va dirigida su oferta institucional, así como las circunstancias sociales y de riesgo en su territorio.

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Los procesos de caracterización tienen como objetivo primordial contar con una identificación completa de las condiciones psicológicas, económicas, políticas, jurídicas, sociales, culturales y de seguridad propias de la población víctima, de tal forma que se facilite la determinación de la oferta de servicios ajustada a las necesidades y posibilidades de solución encontradas.