Una mayor demanda de servicios de salud, el incremento en la oferta de mano de obra capacitada en diversas labores y, en el peor de los casos, un fortalecimiento de grupos ilícitos, serían algunos de los efectos que analistas en migración advierten podrían generarse en Cali como consecuencia de la exigencia de visado a los migrantes venezolanos que quieran ingresar a Ecuador desde esta semana.
Hasta el pasado domingo, los venezolanos podían ingresar solo con su cédula de ciudadanía al vecino país y permanecer, como turistas, 180 días. Ahora, además del pasaporte y la visa, cuyo formulario de gestión y trámite cuesta 50 dólares, tendrán que presentar un certificado de antecedentes penales. Esta reglamentación se suma a las medidas adoptadas previamente por los gobiernos de Perú y Chile, que desde junio de este año empezaron a exigir la visa a los migrantes venezolanos.
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En los alrededores de la Terminal al de Cali, se ha podido evidenciar un aumento en la cantidad de ciudadanos venezolanos que acampan al aire libre en zonas verdes y en andenes de la calle. Algunas personas aseguran que al negar la posibilidad del ingreso sin visa a Ecuador, los venezolanos han decidido quedarse en Cali o regresar al país vecino.
Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el coletazo de la decisión del gobierno ecuatoriano convierte a Cali en una de las ciudades nodo de la migración, porque ya no solo será un punto de salida hacia el Sur, sino que será el punto de retorno de los migrantes.