Llegó el momento, el denominado por muchos como 'el jucio del siglo' comenzó esta mañana. El protagonista de todo es el senador Álvaro Uribe, quien se presentó a las 8:00 a.m. en la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por el proceso que se surte en su contra por su presunta participación en delitos de soborno y fraude procesal, esto luego de que el alto tribunal consideró pertinente abrir investigación por presunta manipulación de testigos.
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El caso Uribe es uno de los más sonados que ha tenido el país, pues se desenvuelve tanto en lo político como en lo judicial. Este proceso empezó hace un poco más de un año, cuando la Corte decidió ponerle fin a una investigación que tenía abierta contra el senador Iván Cepeda, por el mismo caso.
Así fue la llegada del expresidente Uribe al Palacio de Justiacia:
¿Qué investiga la Corte Suprema?
El alto tribunal se tomó siete años para adoptar una decisión. Primero concluyó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones como congresista, ni determinó a los reclusos mediante sobornos, además de que actuó como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz.
La denuncia la archivó, pero le dio un giro al caso: compulsó copias para investigar al expresidente por soborno y fraude procesal. Lo mismo pidió para el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. La decisión es del 16 de febrero del año pasado, pero apenas en julio de ese año se supo la noticia. Hoy, Uribe debe explicar a la Corte Suprema qué tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos que han hablado en su contra.
¿Quiénes son los testigos?
En total, son 42. Pero los claves son: Juan Guillermo Monsalve, quien ha mencionado la supuesta relación entre los Uribe y grupos paramilitares y grabó una conversación de las presuntas presiones por parte de Diego Cadena para retractarse.
También esta Carlos López alias “Caliche”, excompañero de Monsalve, quien en interceptaciones ordenadas por la Corte explicó que también fue contactado para cambiar su versión de los Uribe.
Otro de los exparamilitares testigos en el caso es Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, exjefe del bloque Cacique Pipintá, quien también ha dado detalles de la supuesta relación entre los Uribe y grupos paramilitares. Sin embargo, hay otras declaraciones que apuntan a que él no podía saber nada de esa relación, pues no estuvo en el nacimiento del bloque Metro.
Carlos Enrique Vélez es otro testigo. Aunque primero dijo que Cepeda lo había contactado para que hablara contra Uribe, su versión cambió en las últimas semanas. Dijo que quien lo contactó fue el abogado Diego Cadena para que diera esta versión.
También está Eurídice Cortés, alias “Diana”, miembro del bloque Cacique Pipintá, quien asegura que Cadena le pidió que grabara un video desmintiendo a alias “Alberto Guerrero”, y que recibió $700.000 de manos del abogado Diego Cadena para contactar a otros exparamilitares que testificaran en su misma dirección.
John Jaime Cárdenas, alias “Fosforito”, y Fauner José Barahona, alias “Racumí”, serían dos de los testigos que le dirían a la Corte que quien los contactó para declarar contra Uribe fue Cepeda.
Otros testigos son los extraditados “Mancuso”, “don Mario” y “El Tuso” Sierra, a quien, dice la Corte, Uribe le pidió que hiciera un video desacreditando a un testigo en el caso de su hermano Santiago Uribe.
¿Qué sigue ahora?
El tiempo que ha pasado en el proceso ha sido suficiente para que la Corte conozca, en cabeza de César Reyes, el magistrado que lleva el caso, que el testimonio de al menos 40 personas son necesarias para desenmarañar todo el proceso que pretende determinar si hubo presiones indebidas de testigos en contra de Uribe, como argumenta la defensa, o si, por el contrario, fue el hoy senador quien impulsó la búsqueda de declaraciones que lo beneficiaran.
El magistrado Reyes tiene en su poder los testimonios de esas personas que ya declararon, con las citas que se empezaron a surtir desde septiembre y culminaron este viernes 4 de octubre, y lo que sigue ahora, según explica el exfiscal general y exmministro, Alfonso Gómez Méndez, lo ideal sería que al término de la diligencia de este martes y en un estimado de diez días hábiles, la Sala determine la situación jurídica del senador.
Sin embargo, Gómez Méndez señaló que en el ejercicio de las funciones jurídicas, muchas veces el número de días para tomar una decisión pueden llegar a ser mayor.
En caso que la Corte cumpla con los tiempos establecidos por la ley, se podría decir que a finales de octubre se estaría conociendo si se libra la orden de captura en contra de Uribe.
El exfiscal explicó que hay tres situaciones precisas por las que la Corte determinaría imponer una medida de aseguramiento.
“Además de las pruebas que el magistrado tiene en su despacho, él debe considerar tres situaciones: si se debe evitar que se fugue, si se debe evitar que entorpezca la investigación o si pone en peligro a las víctimas. En este caso, lo más preciso es que haya una medida de aseguramiento dado que el caso que se investiga es muy diciente”, señaló.
Gómez argumentó que si bien existen tales requerimientos para que se surta la medida de aseguramiento, la decisión del magistrado debe estar soportada en una prueba testimonial o documental que fue recolectada a lo largo del proceso.
En dado caso que el magistrado Reyes determine que Uribe no representa un peligro para las víctimas y que por el contrario comparecerá ante la justicia, podría dejarlo en libertad, sin embargo, vinculado al proceso.
Después de ello se determinará si es llamado a juicio.
¿Qué pasa si renuncia?
Muchas versiones se han dado alrededor de una posible la renuncia del senador a su cargo en el Congreso, lo que podría, de acuerdo con hechos específicos, cambiar el escenario jurídico para él.
Si Uribe renuncia a ser senador, como él mismo ha sugerido en entrevistas, el análisis es que si los delitos que investiga la Corte fueron ocurridos cuando el fungía como gobernador, la Fiscalía tendría que hacerse cargo de la investigación.
Si, por el contrario, los delitos fueron cometidos en su ejercicio de senador, por su fuero sigue siendo competencia de la Corte Suprema.
Así las cosas, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a Colprensa que los hechos por los que se acusan al senador, fueron cometidos durante 2017 y 2018.
En ese entendido, el senador así presente su renuncia seguirá siendo investigado por el alto tribunal.
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