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Sorprendidos e indignados se mostraron familiares de algunos de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, tras las declaraciones de los fiscales asignados al caso, quienes este martes aseguraron que durante la toma y recuperación del máximo escenario de la justicia colombiana no hubo desapariciones forzadas, sino una mala identificación de los fallecidos.
"Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados", dijo al noticiero de televisión el fiscal investigador del caso del Palacio de Justicia, Jorge Ricardo Sarmiento.
El funcionario agregó que "estas once personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985", pero no aclara dónde están las personas cuyo paradero aún se desconoce.
La toma del Palacio de Justicia, situado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, en pleno centro de la capital colombiana, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Un día después el Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, operación que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
En la retoma del Palacio "no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas", reiteró el funcionario.
Mientras tanto, Jairo Humberto Oróstegui, otro investigador del caso, aseguró al informativo que "cuando ocurren los hechos del Palacio de Justicia 56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del Cementerio del Sur".
Lo cierto es que la Fiscalía dio este polémico fallo, pero más de tres décadas después las familia de los desaparecidos no saben de su paradero, ni ninguna entidad les dice algo al respecto.
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