La Procuraduría General de la Nación determinó el cierre del proceso disciplinario que se adelantaba en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al establecer la inexistencia de una supuesta contratación excesiva de prestación de servicios profesionales al interior de la Gobernación.
“Se logró demostrar que no existía nómina paralela en la contratación de las personas por prestación de servicios para el funcionamiento y que esto obedecía a un estudio técnico que se hizo para la reestructuración y reforma administrativa que se realizó en el 2016”, afirmó Diana Lorena Vanegas Cajiado, directora jurídica.
La investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación desvirtúa lo dicho en la queja en relación a que el departamento contaba con un número superior a tres mil contratistas en los niveles central y descentralizados.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Torres demostró que los contratos suscritos por prestación de servicios profesionales suman 1019 cargos, discriminados así: 595 para el año 2016 y 572 para el año 2017.
De esta manera, “se logró demostrar tanto la seriedad técnica con que se hacen estas contrataciones para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la Gobernadora, como también se logró demostrar una disminución en la contratación de prestación de servicios”, añadió la directora jurídica.
La investigación demostró que hay sustento técnico para definir los apoyos por prestación de servicios para el funcionamiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo y sus metas, así como planeación y control en la contratación de personal de prestación de servicios de la entidad. De igual manera, verificó el número real de contratistas y estableció que no hay contratos que superen los montos permitidos para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios.
De esta manera, con el cierre de esta investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación quedó claro que en la Gobernación del Valle del Cauca no hay una nómina paralela.
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