La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia por "corrupción entre particulares" contra el F.C. Barcelona y varios de sus exdirigentes, por unos supuestos pagos del club a un exdirigente arbitral.
La demanda presentada en un juzgado barcelonés apunta al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, así como a los antiguos presidentes del Barsa, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, informó la fiscalía provincial de Barcelona.
También figuran en la denuncia el club azulgrana como persona jurídica y su exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler.
La Fiscalía imputa delitos de "corrupción entre particulares". También la de "administración desleal" de lo dirigentes, a quienes también achaca, con Negreira, otro de "falsedad en documento mercantil".
La denuncia se ha presentado tras la investigación llevada a cabo por la Fiscalía desde hace cerca de un año sobre unas irregularidades tributarias de la empresa Dasnil 95 de Negreira, por unos pagos del Barcelona supuestamente por informes arbitrales.
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El documento señala que Negreira, que fue vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018.
El Barsa cesó en sus pagos en 2018, según la Fiscalía, por la salida de Negreira del CTA cuando se remodeló el organismo con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española.
Para la Fiscalía barcelonés, el Barsa "alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira. "a fin de que, en su calidad de vicepresidente y a cambio de dinero, realizase actuaciones a favorecer al Barcelona”.
La misma sería en que los árbitros “en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".
La entidad también alude al burofax enviado por Negreira al Barsa tras el cese de los pagos amenazando con revelar "irregularidades" si el club no reanuda la relación.
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"Que quede claro que el Barsa nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca", afirmó tajante el presidente del Barcelona, Joan Laporta, el martes pasado.
En el aspecto deportivo, el Barcelona no corre ningún peligro, al menos en España, donde los hechos han prescrito, tal como confirmó el presidente de La Liga española, Javier Tebas, pero se desconoce la posición que podrían tener la Uefa y la Fifa.
En el ámbito penal, los denunciados por la Fiscalía se arriesgan a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, según Alberto Palomar, profesor de derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, consultado por la Agencia AFP.
El caso echó unas sombras sobre el estamento arbitral, que lo llevó a comunicar que las supuestas acciones de una persona "no pueden manchar de esta manera tan dolosa nuestra imagen y la honorabilidad".
El caso ha llegado hasta el gobierno de España, donde el ministro de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, afirmó el martes en el Senado que "el problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español".
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