Tras un mes del atroz crimen que le quitó la vida a cinco menores de edad, en un predio rural cerca al barrio Llano Verde, los habitantes del sector exigen que el hecho no quede en la impunidad.
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Desde aquel 11 de agosto de 2020, las calles del sector ya no son las mismas. Según comentan sus vecinos, en el ambiente se percibe angustia e incertidumbre.
"Nosotros lo que queremos es que el Gobierno no se olvide de este territorio. Llano Verde necesita seguridad, reconstruir el tejido social y que haya justicia", expresó un habitante del sector, quien reservó su nombre por seguridad.
Después de la masacre de los cinco muchachos, alguno residentes denunciaron que la violencia continúa, pues las desapariciones y asesinatos no cesan.
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Por su parte, los familiares de las víctimas manifestaron que aunque las autoridades lograron la captura de dos presuntos sospechosos del crimen, un mes después, las investigaciones no han resuelto los interrogantes.
"Se habla de esas dos capturas pero seguimos como al principio, no sabemos por qué los mataron", señaló Ruby Cortés, madre de uno los jóvenes asesinados.
Q'hubo regresó al barrio Llano Verde, donde sus habitantes siguen exigiendo la verdad sobre el hecho que le arrebató la vida a cinco menores de edad.
El pasado 28 de agosto, la Policía Metropolitana de Cali capturó a Jefferson Marcial Angulo Quiñonez y Juan Carlos Loaiza Ocampo, como los presuntos sospechosos de la masacre de los cinco jóvenes de Llano Verde.
A ambos implicados, el juez 25 de control de garantías de Cali les dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario mientras culmina la investigación.
Tanto Angulo como Loaiza manifestaron durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada entre el 28 y 29 de agosto, que sí se encontraban en el lugar de los hechos pero que no habían disparado contra los menores, por lo que señalaron a un tercer sospechoso identificado como Gabriel Alejandro Bejarano.
Este último aún se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades ofrecen 50 millones de pesos por información de su paradero.
Cabe resaltar que los detenidos señalaron que no eran vigilantes del predio rural y afirmaron que trabajan para una empresa de transporte logístico con sede en Bucaramanga, la cual ofrece servicios de seguridad y que actualmente adelanta trabajos en el jarillón.
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