“La Fiscalía tuvo conocimiento de la muerte del periodista y líder social Wilder Alfredo Córdoba en el municipio de La Unión, Nariño”, señaló el organismo en un tuit.
Autoridades de esa localidad y dos oenegés precisaron que se trató de un asesinato cometido por pistoleros la noche del lunes.
Córdoba tenía "aproximadamente 40 años de edad" y desconocidos en moto "le propinaron tres tiros" mientras se desplazaba por una zona rural, dijo a la AFP el alcalde de La Unión, Fabián Echeverría.
El comunicador "realizaba denuncias y noticias sobre la administración local y sobre la inseguridad en el municipio", detalló en Twitter la ONG colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
"Hacemos un llamado a que las autoridades consideren dentro de su investigación la relación de este asesinato con la labor periodística de Córdoba", pidió la organización en Twitter.
La alcaldía de La Unión ofreció una recompensa equivalente a 4.000 dólares "por información que conduzca a la identificación y captura" de los responsables del crimen.
"Era diseñador gráfico pero se dedicaba a labores periodísticas desde hace mucho tiempo a través de un canal de televisión local que se llama TV Unión, pero también a través de las redes sociales", detalló el alcalde Echeverría.
"No tenemos ninguna información oficial sobre (...) amenazas en su contra", agregó el mandatario.
Con Córdoba son cuatro los periodistas asesinados en Colombia en 2022, frente a un único caso denunciado en 2021 por la FLIP.
Desde la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC en 2016, al menos diez reporteros han sido asesinados, lo que ubica a Colombia en el tercer lugar de países más peligrosos para ejercer el oficio en América Latina, detrás de Venezuela y México, según Reporteros Sin Fronteras.
A pesar del desarme de esa organización, Colombia sigue enfrentado la violencia de varias facciones que se apartaron del acuerdo y de otros grupos que se disputan las rentas de la cocaína y la minería ilegal.
Nariño, donde se encuentra La Unión, es uno de los departamentos donde se concentran los sembradíos de la hoja con la que se produce la cocaína.
"En nuestro municipio (...) hay unos focos de inseguridad", dijo Echeverría, recordando un asesinato ocurrido en la localidad a mediados de noviembre por disputas de narcotráfico.
"Hacemos un llamado al gobierno nacional para que nos dé un apoyo con el pie de fuerza", clamó.
En el marco de una política de "paz total", el nuevo gobierno de izquierda que encabeza desde en agosto el presidente Gustavo Petro busca negociar el desmantelamiento de estas organizaciones a cambio de beneficios judiciales.
Entretanto, no cesan los ataques contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Según la ONG Human Rights Watch, desde la llegada al poder de Petro han sido asesinados 35 dirigentes sociales.
AFP
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