Durante la celebración del Día de la madre se presentó un terrible caso de feminicidio que tiene conmocionado a todo el país. Un hombre asesinó a su expareja en un centro comercial de Bogotá.
El hombre identificado como Cristian Camilo Rincón, llegó hasta la pizzería donde la joven trabajaba y, luego de una discusión, desenfundó un arma y le disparó. Érika falleció ante la mirada impotente de decenas de personas que buscaban refugiarse ante la confusión de lo que acontecía
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Asimismo se conoció que, Cristian Camilo Rincón también accionó el arma en su contra con el fin de quitarse la vida; fue trasladado con signos vitales a la Clínica Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde finalmente falleció
De acuerdo con información de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el hombre llevaba puesta una chaqueta del sistema de transporte público de la ciudad (SITP) y una identificación de la compañía de seguridad Group Seguridad SAS.
"Tuvo un comportamiento psicópata y violento durante 11 años contra Érika", señaló la mandataria, quien aclaró que el hombre estaba en periodo de prueba como conductor de SITP, pero que el día del asesinato no se encontraba laborando.
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Seguidamente las investigaciones dan cuenta de que el revólver que portaba Rincón era ilegal, además tendría antecedentes por lesiones y daño en bien ajeno.
De esta manera, López sostuvo que el sujeto solo tenía dos registros previos por riñas: una en 2021 y otra en 2022; sin embargo, afirmó que ninguna de ellas tenía una denuncia formal.
“Los únicos registros previos que se tienen de Cristian Camilo es que había estado involucrado en dos riñas: una en 2021 y otra en 2022. Sin embargo, no contra Érika, sino con otros sujetos, los cuales no habían interpuesto una denuncia penal formal y por eso ni con un proceso judicial abierto, ni con ninguna condena por ninguna materia”, dijo López durante una rueda de prensa.
Érika y su asesino ya no convivían. Por el contrario, ella tenía una medida de protección provisional luego de haber informado a las autoridades la situación de violencia que vivía.
Asimismo se conoció que el pasado 30 de abril, Érika se trasladó al municipio de Soacha y no le permitieron sacar a su hijo de la casa donde vivía. Hasta el momento, según la alcaldesa, el menor vive en Usme con sus abuelos paternos.
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“La Policía Metropolitana entrevistó a la abuela del niño, pero ella manifestó que no iba a permitir que tuvieran acceso al niño. Quien podría y debe entrar a tomar una medida de protección sobre el niño es el defensor de ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), quien ya se ha puesto en contacto con la Alcaldía y la Policía y hoy realizará esa diligencia”, agregó la mandataria.
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