La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el objetivo de esclarecer el origen de una donación recibida durante su campaña al Senado en 2018. La indagación se centra en determinar si los recursos empleados fueron debidamente reportados ante las autoridades electorales, como exige la ley.
Según Uribe, la investigación está relacionada con un vuelo realizado durante la contienda electoral. La empresa Navir Air, anteriormente conocida como Llanera de Aviación, proporcionó el servicio y lo registró como una donación en especie valuada en 20 millones de pesos. Este nuevo expediente se suma a otros procesos judiciales que el exmandatario enfrenta en la justicia colombiana.
El alto tribunal informó que la denuncia sobre estos movimientos financieros llegó en abril de 2024 al Consejo Nacional Electoral (CNE), que posteriormente la trasladó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La investigación está a cargo del magistrado César Augusto Reyes Medina, quien recibió el caso el 14 de noviembre de 2024.
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Debido al fuero que ostenta el expresidente, la Fiscalía General de la Nación remitió la denuncia a la Secretaría General de la Corte Suprema y a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Esto garantiza que el caso sea tratado bajo los procedimientos establecidos para aforados.
La denuncia llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 28 de octubre de 2024 y fue asignada al magistrado Reyes Medina, quien ordenó la recolección de pruebas para determinar la legalidad de la donación.
El tribunal notificó al expresidente sobre la investigación, lo que le permite ejercer su derecho a la defensa. A la fecha, la Corte no ha revelado públicamente las pruebas recopiladas ni las medidas adicionales que podrían tomarse.
Uribe, a través de su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que la investigación se relaciona con un vuelo organizado por candidatos del Centro Democrático en el departamento del Meta. Según el exmandatario, dicho vuelo fue parte de la campaña al Congreso y de la consulta interna del partido para definir un candidato presidencial en 2018.
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El caso ha despertado controversia debido a la relación de la empresa aérea con Samuel David Niño Cataño, un piloto que, según reportes de prensa, desapareció en un accidente aéreo en Guatemala en noviembre de 2019. Dicho accidente ha sido vinculado por algunos medios a actividades relacionadas con el narcotráfico.
Uribe ha negado cualquier conexión con Niño Cataño, asegurando que solo lo conoció por ser hermano de Hernán Gómez Niño, candidato a la gobernación del Meta en 2015 por el Centro Democrático. El exmandatario enfatizó que su campaña y el partido no tenían conocimiento de ningún antecedente que vinculara al piloto con actividades ilícitas en el momento en que se realizó el vuelo.
Uribe defendió la legalidad de su campaña, argumentando que el vuelo fue debidamente reportado ante el Consejo Nacional Electoral como una donación en especie. En su comunicado, el exmandatario aseguró que su gerente de campaña incluyó el valor del vuelo en los informes de ingresos presentados a las autoridades electorales.
“El Centro Democrático y mi campaña cumplieron con toda la información requerida por la ley, sin que hubiera aparecido un solo antecedente de Samuel David Niño. Las noticias sobre su posible vínculo con el narcotráfico surgieron tras el accidente de noviembre de 2019, sin confirmación oficial hasta la fecha”
Afirmó Uribe.
La Corte Suprema no ha fijado un plazo para concluir la indagación. Sin embargo, el magistrado instructor continuará recopilando pruebas antes de decidir si se abre una investigación formal o si el caso se archiva por falta de méritos.
En los próximos meses, se espera que la defensa de Uribe presente sus argumentos y que la Corte Suprema determine si existen méritos para una acusación formal. Mientras tanto, el caso genera expectativa tanto en el ámbito político como en el judicial, dado el impacto histórico del expresidente en la política colombiana.
Esta investigación se suma a otro proceso judicial en el que Uribe enfrenta cargos por presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos. Dicho caso, que inicialmente estuvo en la Corte Suprema, actualmente se encuentra en la justicia ordinaria, aunque ha sido retrasado debido a una recusación contra la jueza Sandra Heredia.
Este nuevo episodio en la vida judicial de Álvaro Uribe mantiene al país atento a las decisiones que pueda tomar la Corte Suprema en los próximos meses. Con la incertidumbre sobre el desenlace del proceso, la investigación podría tener repercusiones políticas y electorales en Colombia.
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