| Foto: Colprensa
En una decisión que ha generado reacciones encontradas en la opinión pública, Emilio José Tapia Aldana, uno de los protagonistas del escándalo de Centros Poblados, recuperó su libertad condicional luego de cuatro años en prisión. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla fue el encargado de emitir el fallo que permitió al polémico contratista cumplir el resto de su condena bajo la figura de casa por cárcel.
La resolución, fechada el 15 de abril de 2025, autorizó la salida de Tapia del centro de reclusión El Bosque, luego de valorar que el condenado cuenta con un arraigo familiar y social sólido. En el documento, el juez destacó la presencia de una red de apoyo encabezada por su pareja, la congresista del Partido de la U, Saray Robayo, quien lo acompañará durante el periodo restante de su sentencia, 27 meses y 20 días.
Tapia fue condenado en 2021 a seis años y ocho meses de prisión, tras ser hallado culpable de liderar la estructuración fraudulenta de la Unión Temporal Centros Poblados, lo que facilitó el desvío de $20.000 millones del presupuesto estatal. Las autoridades comprobaron que el contratista usó información falsa para cumplir con los requisitos de licitación de un contrato adjudicado por el Ministerio TIC, que buscaba llevar conectividad a zonas rurales del país.
Como parte de los compromisos con la justicia, Emilio Tapia devolvió $2.500 millones y deberá abonar otros $1.265 millones durante el periodo de prueba. Para octubre de 2025, tendrá que completar el pago de $4.714 millones en total. No obstante, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión judicial, argumentando que el procesado no cumplía con los criterios suficientes para abandonar la prisión.
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Este no es el primer escándalo en el que Tapia se ve involucrado. En 2015 fue sentenciado a 17 años de prisión por su participación en el conocido carrusel de la contratación en Bogotá, junto a los hermanos Nule y el exalcalde Samuel Moreno. En ese entonces, aceptó cargos por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, lo que le permitió acceder a una rebaja significativa en su condena.
A pesar de la gravedad de los delitos cometidos, Tapia ha logrado beneficios judiciales tras colaborar con la justicia y entregar parte del dinero obtenido de forma ilícita. Actualmente, cumple su condena en su residencia ubicada en Barranquilla, donde permanecerá bajo supervisión judicial.
La liberación del contratista revive el debate sobre los mecanismos de justicia en casos de corrupción de alto perfil, especialmente en un país donde los escándalos relacionados con la contratación pública siguen dejando huella en la institucionalidad y la confianza ciudadana. Mientras tanto, la apelación de la Procuraduría sigue su curso, y se espera que la justicia determine si el beneficio otorgado se mantendrá o deberá ser revocado.
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