La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por peculado por apropiación a favor de terceros contra Luis Eduardo Barrera Vergara, expresidente de Metrocali, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras del sistema de transporte masivo (MIO).
De acuerdo con la investigación, el caso gira en torno a un contrato suscrito en octubre de 2007 con la empresa Hafira Ve Hatziva, de origen israelí, para la construcción de una estación terminal en el barrio Calima y otras obras complementarias, por un valor de $22.750 millones. La ejecución de este proyecto contaba con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, las autoridades han identificado que en marzo de 2009, Barrera Vergara, en su calidad de presidente de Metrocali, aprobó el desembolso de un anticipo por $6.825 millones sin verificar las garantías bancarias necesarias, lo que posteriormente derivó en la liquidación unilateral del contrato sin que las obras siquiera iniciaran.
Según la Fiscalía, no se cumplieron los plazos del cronograma, se presentaron múltiples solicitudes de suspensión y no hubo claridad sobre el uso del anticipo entregado. Lo más grave, según el ente investigador, es que no se tomó ninguna acción oportuna ni eficaz para recuperar el dinero desembolsado a la firma contratista.
Los $6.825 millones nunca fueron devueltos, lo que llevó a que el contrato fuera liquidado de manera unilateral sin haber pasado siquiera por la fase de diseños y preconstructiva.
Ante estos hechos, la Fiscalía formuló cargos en una audiencia realizada en el Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali. No obstante, Barrera Vergara no aceptó los cargos, argumentando que no tuvo responsabilidad en las presuntas irregularidades.
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Este escándalo no es nuevo. En 2013, cuando el caso salió a la luz pública, la entonces presidenta de Metrocali, María del Pilar Rodríguez, reveló que se habían hecho múltiples solicitudes a la empresa israelí para devolver el anticipo, sin obtener respuesta.
“El contrato MC-OP-03-07 para la construcción de esta importante estación cabecera se firmó en 2007. Sin embargo, nunca se ejecutó. Por eso, se tomó la decisión de liquidarlo y exigir la devolución de los recursos”
Explicó Rodríguez en su momento.
Además, señaló que en 2010, la firma contratista presentó estudios y diseños con un nuevo presupuesto de $68.948 millones, un aumento significativo frente a la cifra inicial, lo que llevó a que el Ministerio de Transporte y el BID declararan el contrato no viable.
“Intentamos liquidarlo de mutuo acuerdo, pero no fue posible. A pesar de los múltiples requerimientos, la firma contratista nunca devolvió los recursos”
Advirtió la funcionaria.
El caso sigue generando revuelo, pues deja en evidencia serios vacíos en la supervisión de los contratos públicos y en la administración de los recursos destinados a la movilidad en Cali.
Ahora, con la imputación de cargos a Barrera Vergara, el proceso judicial entra en una nueva etapa. La Fiscalía busca determinar si hubo una responsabilidad directa en la falta de control y seguimiento al anticipo entregado.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el exfuncionario no ha recibido medidas de aseguramiento por parte del juez de garantías, lo que sugiere que la investigación podría tomar más tiempo antes de llegar a un desenlace definitivo.
Por ahora, las autoridades seguirán evaluando las pruebas presentadas y no se descarta que otros exfuncionarios de Metrocali puedan ser llamados a responder ante la justicia.
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