Un nuevo escándalo sacude al Instituto Nacional de Vías (Invías) tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra 28 congresistas por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la entidad.
La decisión se tomó luego de que María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionara a varios legisladores por supuestas solicitudes para beneficiarse de contratos en Invías.
La compulsa de copias fue realizada por la fiscal María Cristina Patiño, quien también lidera la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con información preliminar, los implicados pertenecen a diferentes bancadas políticas y habrían participado en gestiones irregulares dentro de la entidad.
Según confirmó La FM, los siguientes congresistas estarían involucrados en este caso:
Entre los senadores mencionados se encuentran:
La compulsa de copias ya fue remitida a la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y se espera que en los próximos días se designe al magistrado encargado de la investigación.
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Según fuentes cercanas a la Fiscalía, María Alejandra Benavides ha manifestado su disposición de colaborar con las autoridades en calidad de testigo clave.
“La exasesora del exministro de Hacienda avanza en sus contactos con la Fiscalía en procura de buscar concretar una negociación para lograr una eventual inmunidad judicial”, aseguró un medio local. Además, se evalúa la posibilidad de que Benavides llegue a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que reconocería varios delitos a cambio de colaboración eficaz.
El caso de corrupción en Invías se suma al ya existente escándalo dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde la Fiscalía ha imputado a varios exfuncionarios, entre ellos:
Todos ellos enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Además, Luis Carlos Barreto Gantiva también fue acusado de concierto para delinquir agravado.
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Tras la audiencia de acusación, las siguientes etapas del proceso incluyen las audiencias preparatorias de juicio, programadas para el 3 de abril. También se espera que los preacuerdos sean legalizados ante un juez en los próximos días.
Las revelaciones de estos casos han generado un fuerte impacto en la opinión pública, aumentando las preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos dentro de varias entidades del Estado.
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