Chile completó tres semanas de protestas que dejan 20 personas fallecidas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este jueves un paquete de medidas para fortalecer la seguridad y el orden público en el país, que desde hace casi tres semanas vive una ola de protestas y manifestaciones que han dejado una veintena de fallecidos.

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Las protestas, que son las más graves desde la caída de la dictadura en 1990, se iniciaron en respuesta al aumento del pasaje del metro pero después derivaron en un clamor popular contra la desigualdad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1 % de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza en Chile, mientras que el 50 % de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1 % de la riqueza total del país.

El epicentro del estallido social que sacude a Chile desde hace veinte días comenzó en Plaza Italia, una amplia rotonda que colinda con el centro histórico de la capital y que hoy en día luce devastada. Sin embargo este miércoles, las protestas llegaron hasta el Costanera Center, un centro comercial ubicado en Providencia, junto al rascacielos más alto de Sudamérica.

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Bajo el lema 'Llegó la hora de marchar al Oriente', los manifestantes pretendían avanzar desde el mall hasta el adinerado barrio Las Condes, donde tienen sus sedes las grandes multinacionales y reside el presidente Sebastián Piñera, pero fueron contenidos por los carabineros con agua, gases lacrimógenos y perdigones.

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Pretendían avanzar hasta allí, horas después de que Piñera firmase un proyecto de ley que establece un ingreso mínimo para los trabajadores de 350.000 pesos (unos 475 dólares).

La Fiscalía investiga la participación de agentes del Estado en la muerte de cinco personas durante las protestas y diversos organismos de derechos humanos han cuestionado la dureza con la que se han reprimido las marchas, que suelen comenzar de manera pacífica y derivan en actos vandálicos.

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Incluso la ONU decidió enviar a un equipo de observadores para documentar posibles violaciones a los derechos humanos, algo que el presidente Piñera no reconoce.

 

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