La tensión diplomática entre Caracas y Washington volvió a escalar este miércoles luego de que la Cancillería de Venezuela emitiera un duro comunicado en rechazo a la incautación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la acción como “un robo descarado” y la enmarcó en lo que denomina una estrategia sistemática de agresión contra la nación sudamericana.
En su mensaje oficial, la administración chavista afirmó que la maniobra estadounidense “constituye un acto de piratería internacional”, al tiempo que acusó a Washington de confesar abiertamente el “asalto” contra un barco que, según el régimen, se encontraba en plena operación dentro de aguas próximas al territorio venezolano. La cancillería sostuvo que el país acudirá a todos los mecanismos multilaterales para denunciar el hecho y defender lo que considera su soberanía energética.
El pronunciamiento fue más allá de la incautación del buque. Caracas aseguró que este episodio se suma al “robo” de Citgo, activo estratégico del Estado venezolano en Estados Unidos, el cual según el gobierno de Maduro fue arrebatado mediante procesos judiciales “fraudulentos” y contrarios al derecho internacional. El discurso buscó conectar ambos hechos como parte de una política hostil de Estados Unidos hacia la economía venezolana.
Desde el oficialismo, también se elevaron los tonos. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que acciones como estas han sido “el origen de guerras en el mundo entero”. En una intervención televisada, señaló que los responsables son “ladrones y piratas”, comparando irónicamente a los estadounidenses con personajes ficticios del cine para recalcar su denuncia contra la “depredación” de recursos venezolanos.
En otra línea del comunicado, el régimen aprovechó la oportunidad para arremeter contra la ceremonia del Premio Nobel de Paz entregado a María Corina Machado en Oslo. Según el texto, la operación en el Caribe habría tenido como propósito “distraer la atención y tapar el fracaso rotundo” del evento internacional, un acto que Maduro y sus aliados consideran parte de una agenda de desestabilización.
La administración venezolana hizo, además, un llamado interno, pidió al país “mantenerse firme en defensa de la patria” y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que describió como una agresión ilegal sin precedentes. Maduro, en un acto público en Caracas, insistió en exigir el cese del “intervencionismo brutal” de Estados Unidos, aunque evitó referirse directamente a la incautación del tanquero.
Del lado estadounidense, la fiscal general Pam Bondi explicó que el buque incautado habría sido utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo pese a las sanciones internacionales, argumento con el que Washington justifica su actuación. Las fuerzas militares estadounidenses defienden sus maniobras en el Caribe como parte de operaciones antinarcóticos, pero para Caracas representan una presión política para forzar la salida de Maduro del poder.
El episodio se suma a una serie de tensiones recientes, entre ellas la polémica por el cierre del espacio aéreo venezolano decretado por EE. UU., medida que varios gobiernos de la región calificaron como unilateral y contraria a estándares internacionales. Colombia, por ejemplo, advirtió que decisiones de ese tipo elevan el riesgo operacional y vulneran acuerdos de aviación civil.
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