En Colombia, propietarios desprevenidos enfrentan el riesgo de perder su inmueble si no formalizan adecuadamente el contrato de arrendamiento
Por: Redacción el Qhubo/ Periodista Jesús Chacín-comunicador social.
En Colombia, la informalidad en los contratos de arriendo representa un riesgo legal del que pocos propietarios son conscientes. Aunque entregar una vivienda en alquiler suele parecer una transacción sencilla, no tener respaldo legal adecuado puede derivar en consecuencias inesperadas y graves.
Uno de los peligros más desconocidos es la posibilidad de que el arrendatario termine convirtiéndose en propietario del inmueble. Esto puede ocurrir mediante una figura legal llamada prescripción adquisitiva de dominio, un mecanismo que permite a una persona reclamar la propiedad de un bien raíz que ha ocupado de manera continua, pacífica y pública durante un periodo determinado.
Según lo explicado por Juan Felipe Sicua, asesor del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, esta situación no es un mito urbano ni un caso aislado. Si el inquilino ha estado en el inmueble por más de diez años y puede demostrar que ha actuado como dueño por ejemplo, pagando impuestos, realizando mejoras o evitando renovar el contrato, podría iniciar un proceso judicial y tener posibilidades reales de éxito.
Lo más alarmante es que este riesgo aumenta si el arrendamiento no está respaldado por un contrato escrito, y especialmente si no ha sido autenticado ante notaría. En muchos casos, los acuerdos de palabra o los contratos informales no son suficientes para demostrar que se trataba de un arriendo y no de una cesión de hecho o una posesión consentida.
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En contextos familiares también se presentan riesgos. Cuando los propietarios permiten que un familiar o amigo habite el inmueble sin establecer límites contractuales, pueden estar sentando las bases para una posible reclamación futura. En estos casos, la confianza reemplaza la formalidad, y es justamente esa falta de documentación la que puede jugar en contra del dueño original.
La Corte Suprema de Justicia ha admitido procesos en los que los demandantes logran probar que actuaron como propietarios, incluso siendo originalmente inquilinos. La carga de la prueba recae sobre quien pretende demostrar que el inmueble fue ocupado sin intención de arriendo.
Las recomendaciones de expertos en derecho civil apuntan a que todo arriendo debe ser respaldado por un contrato que contenga fechas claras, condiciones del uso del inmueble y duración del acuerdo. Autenticar el documento ante notaría brinda mayor solidez y evita interpretaciones ambiguas ante posibles disputas.
Este tipo de casos ponen sobre la mesa la importancia de formalizar las relaciones contractuales en materia de vivienda. La ley contempla mecanismos de protección para propietarios, pero también reconoce los derechos de quienes logren demostrar posesión prolongada con intención de dominio. La prevención, en este escenario, empieza con la documentación adecuada.
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